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¿Quién fue el juez Harry Blackmun?


Dic 12, 2010 - 11:03:04 PM

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¿Quién fue el juez Harry Blackmun? [1]

 

Miguel Carbonell.

IIJ-UNAM.

 

Linda Greenhouse se ha encargado de cubrir las noticias de la Suprema Corte de los Estados Unidos para el periódico New York Times desde 1978. Es probablemente la cronista judicial más conocida del mundo, quizá por el hecho de que es la fuente de información a la que acuden los interesados en conocer las sentencias del tribunal de constitucionalidad más importante de todo el planeta. En 1998 ganó un Premio Pulitzer por su cobertura de los trabajos del máximo tribunal estadounidense.

En el libro que se reseña, Greenhouse describe el itinerario que llevó a Harry Blackmun a integrarse en la Suprema Corte de su país, así como la postura relevante que tomó en los más importantes asuntos que la Corte tuvo que resolver durante la década de los 70 y la primera mitad de los 80 del siglo pasado.

La escritura del libro fue posible, nos advierte su autora, gracias a la paciente y eficaz custodia que Blackmun hacía de todos los papeles que circulaban por su oficina, así como debido a su costumbre de guardar notas personales sobre asuntos de la Corte o eventos que tenían relación con su desempeño judicial. Cuando Blackmun fallece, en 1999, dispone que todos sus papeles queden bajo el resguardo de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. La consulta al público, determinó Blackmun, debería abrirse a los cinco años de su fallecimiento. Todos sus papeles fueron acomodados en 1,585 cajas dentro de la división de “manuscritos” de la Biblioteca del Congreso, la más importante del país y seguramente la más completa –o una de las más completas- del mundo.

Antes de que se abriera al público la familia de Blackmun permitió que Greenhouse trabajara sobre los papeles y escribiera una serie de artículos para el New York Times. El libro que ahora se reseña es la versión muy ampliada de esa serie de ensayos, que aparecieron originalmente en el periódico durante el mes de marzo de 2004.

El libro inicia con una serie de eventos de corte biográfico, que dan cuenta de las primeras décadas de vida de Harry Blackmun, de sus estudios de derecho, de sus primeros pasos en el mundo jurídico y de un evento que marcará el resto de sus días: la amistad con Warren Burger, que a la postre sería nombrado Presidente ( Chief Justice) de la Corte estadounidense.

Blackmun nació en Nashville, Illinois en 1908, pero creció en Sant Paul, Minessota, donde conoció a Warren Burger. Estudia la carrera en la prestigiosa escuela de derecho de Harvard. Durante muchos años, y este también es un dato que luego influirá decisivamente en sus decisiones judiciales más importantes, fue asesor jurídico de la muy renombrada “Clínica Mayo”, ubicada en la ciudad de Rochester. En 1959 el Presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower lo nombrá juez en la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito [2] , donde se desempeña hasta que el Presidente Richard Nixon lo propone para ocupar la vacante dejada en la Suprema Corte por la renuncia de Abe Fortas, envuelto en un supuesto escándalo financiero. Greenhouse explica en su libro que la decisión de Nixon para postular a Blackmun probablemente haya sido influenciada por el ya entonces Presidente de la Suprema Corte, Warren Burger, íntimo amigo de Blackmun desde sus tiempos de estudiantes en Saint Paul.

La parte más interesante del libro, y seguramente de la propia vida de Blackmun, comienza justamente a partir de su incorporación a la Corte. Hay que tomar en cuenta que durante los años 70 la Corte tiene que lidiar con el enorme movimiento en favor de los derechos civiles generado durante el tiempo en que fue Presidente de la Corte Earl Warren (1953-1969). Durante esos años la Corte desplegó un activismo judicial sin precedentes y marcó nuevos rumbos no solamente en materia jurisdiccional, sino en temas absolutamente esenciales para la vida de los habitantes de los Estados Unidos. Basta recordar las sentencias Brown versus Board of Education de 1954 o Miranda versus Arizona de 1966, la primera para terminar con la segregación racial en las escuelas y la segunda para asegurar los derechos de las personas detenidas por la policía [3] .

En ese contexto histórico, el Presidente de los Estados Unidos Richard Nixon se propone reconfigurar la Corte para disminuir su activismo y lograr una lectura de la Constitución menos progresista. Con ese objetivo Nixon propone a Warren Burger como Chief Justice y seguramente por los mismos motivos piensa en Harry Blackmun para ocupar el sitio del renunciante Fortas. La apuesta de Nixon fue cierta para el caso de Burger, pero se equivocó de lleno en el caso de Blackmun, que durante sus 24 años en la Corte desplegó un intenso activismo y sostuvo posiciones muy alejadas de los principios conservadores del Partido Republicano de Nixon.

Blackmun llega a la Corte en 1971 y el primer caso de interés nacional (por lo menos tomando en cuenta sus consecuencias hacia el futuro) es Roe versus Wade, que fue resuelto por la Suprema Corte el 22 de enero de 1973 (410 U.S. 113). Roe es el precedente judicial que reconoce que el derecho de la mujer para interrumpir su embarazo es un derecho protegido constitucionalmente y que, por tanto, no puede ser limitado por el Estado, al menos durante los dos primeros trimestres del embarazo [4] .

Greenhouse demuestra en su libro, a través de la forma en que Blackmun va construyendo su convicción personal sobre la manera en que Roe versus Wade debía ser resuelto, algo de lo que deberíamos estar advertidos en México: que la experiencia personal, las vivencias y las convicciones íntimas de los jueces influyen de manera determinante en sus sentencias. En el caso de Blackmun, Greenhouse cuenta dos circunstancias personales que sin duda le influyeron al momento de redactar la sentencia Roe.

La primera de esas circunstancias fue el hecho de que su hija Sally se quedó embarazada sin quererlo a los 19 años. Aunque la familia nunca pensó en acudir a la interrupción del embarazo (lo que hubiera sido posible gracias a la amistad de Blackmun con eminentes médicos debido a su trabajo en la Clínica Mayo), lo cierto es que el embarazo produjo consecuencias negativas para Sally y para toda la familia, ya que ella abandonó sus estudios para casarse con su novio de solo 20 años, pero tres semanas después de la boda tuvo un aborto espontáneo. El matrimonio no duró mucho más. Sally retomó posteriormente sus estudios de derecho, se volvió a casar y tuvo dos hijas. Greenhouse apunta que en ese tiempo (a finales de los años 60) los embarazos no deseados eran frecuentes, ya que todavía no se había generalizado la utilización de los métodos anticonceptivos hoy más conocidos (la mitad de todos los embarazos eran no deseados) [5] .

La segunda circunstancia que influyó en el punto de vista de Blackmun fue precisamente su contacto durante muchos años con los médicos de la Clínica Mayo. Antes de redactar la sentencia del caso Roe Blackmun fue a la biblioteca de la Clínica y estuvo encerrado una semana investigando las bases científicas que desde el punto de vista médico existían alrededor del aborto. Durante esa intensa semana de estudios conversó con varios doctores de la Clínica sobre el tema. Al final, según demuestran sus papeles personales, la convicción de Blackmun fue que las leyes que sancionaban el aborto iban en contra de la libertad que debían tener los médicos para tomar las mejores decisiones a partir de la voluntad de la mujer para seguir adelante o no con el embarazo. Esta anécdota contada por Greenhouse puede ser muy provechosa para los trabajos de la Suprema Corte de México, cuyos miembros seguramente nunca o casi nunca se preocupan por allegarse información desde ópticas no jurídicas para resolver de mejor manera los asuntos sometidos a su jurisdicción. Podrán decir en su descargo que no tienen tiempo para realizar tales investigaciones, pero hay que tomar en cuenta que la semana que Blackmun pasa en la Clínica fue tiempo robado a sus vacaciones. ¿Cuántos de nuestros Ministros dejarían una semana de vacaciones para hacer investigación académica sobre temas que no conocen a profundidad y de cuya correcta resolución depende el patrimonio o la vida de muchas personas?

A partir de la sentencia Roe los grupos ultraderechistas de los Estados Unidos hicieron a Blackmun objetivo de una cruel campaña de denostación y persecución. Le llegaban miles de cartas cada año sobre el aborto, la mayoría de las cuales proferían insultos y descalificaban a Blackmun por sostener ideas contrarias a la vida humana y a los mandamientos de la Biblia.

En los años siguientes el tema del aborto volvió a llegar a la Corte y Blackmun siempre estuvo dispuesto a defender el precedente de Roe, cuya superación siempre ha sido el objetivo primario de los gobiernos conservadores, como los encabezados por los Presidentes republicanos Reagan y Bush (padre e hijo).

Ya en los años 80 Blackmun formó parte de la minoría de jueces que votó en contra de una ley del Estado de Georgia que penalizaba la sodomía. La famosa sentencia del caso Bowers versus Harwick es de 1986. En ese caso Blackmun se alineó en la minoría integrada además por William Brennan, Thurgood Marshall y John Paul Stevens, es decir, por los miembros más liberales de la Corte. A partir de ese funesto precedente, tuvieron que pasar 17 años para que la Corte rectificara su criterio y reconociera que las personas adultas pueden realizar, de forma voluntaria, las prácticas sexuales que mejor les parezcan, sin que el Estado tenga capacidad alguna para castigarlas o perseguirlas por cuestiones morales (en la sentencia del caso Lawrence versus Texas) [6].

Durante toda su carrera Blackmun participó en 3,874 sentencias de la Corte a lo largo de los 24 años en que estuvo en el más alto tribunal de su país. Hoy en día sigue siendo uno de los grandes héroes judiciales de los Estados Unidos. Su retiro, por fortuna, ocurrió durante la presidencia de Bill Clinton, con lo cual se evitó que un gobierno conservador pudiera cubrir la vacante. En su lugar fue nombrado Stephen Breyer, que se ha destacado por defender los puntos de vista liberales dentro de la Corte, al grado de que actualmente puede ser considerado como el juez más liberal –y posiblemente también el más sensible hacia el derecho comparado y el derecho internacional- dentro del alto tribunal.

El libro de Greenhouse es muy importante no solamente porque narra la llegada a la Corte y el desempeño como juez de un hombre excepcional, sino también porque abunda en detalles acerca del funcionamiento interno de la Corte, sobre las alianzas y rompimientos entre sus miembros, sobre la vida social de los jueces y sus ayudantes (los llamados clerks) y sobre la ferocidad con que se discutían algunos asuntos.

En Estados Unidos el género literario de la “biografía judicial”, dentro del que sin duda alguna se inscribe el libro de Linda Greenhouse, ha sido desarrollado en cientos o incluso miles de títulos. En México, por desgracia, es un género completamente inexplorado. No es momento de exponer las causas de dicha penuria, pero lo cierto es que sería muy útil poder contar en el futuro con periodistas o abogados (o mejor, periodistas que sean a la vez abogados o viceversa), que se dediquen a hacer crónicas judiciales en profundidad, examinando las posturas de los jueces, su ubicación en el espectro ideológico (si es que ello es posible teniendo en cuenta la constante oscilación de criterio en temas clave que se observa en la mayoría de los Ministros nombrados a partir de 1995), etcétera. Si esto llegara a suceder en el futuro, libros como el que Linda Greenhouse ha escrito sobre Harry Blackmun deberían servir de ejemplo. Para ese entonces ayudaría mucho que abogados, periodistas y Ministros lo hubieran leído.

Por otro lado, es importante apuntar que el libro llega en un momento importante, cuando la Corte de los Estados Unidos se encuentra en proceso de profunda transición debido a los reemplazos ocurridos tras la muerte de su Presidente William H. Renhquist y el retiro de Sandra Day O’Connor. Justamente en estos periodos de transformación es cuando más necesario se hace recordar a los grandes constructores de lo que la Corte es hoy en día. Y no cabe duda que, en ciertos temas, Harry Blackmun fue un constructor de criterios judiciales de la mayor relevancia para su tiempo y para las generaciones futuras.



[1] Comentario a la obra de Linda Greenhouse, Becoming Justice Blackmun. Harry Blackmun´s Supreme Court Journey , Times Books, Nueva York, 2005, 268 páginas.

[2] Para aceptar el cargo de juez en el tribunal de apelaciones del Octavo Circuito Blackmun, según narra Greenhouse en su libro, hizo cuentas acerca de la viabilidad financiera que representaría su nuevo cargo para la familia. Para entonces Blackmun tenía tres hijas en edades próximas a ingresar a la universidad y ganaba como abogado de la Clínica Mayo 43,000 dólares anuales. Como juez pasaría a ganar 25,500 dólares, lo que le hizo anotar en su bitácora personal que con el nuevo sueldo “Podemos mantener nuestro nivel de vida actual, pero nada más” (p. 27 del libro de Greenhouse).

[3] El caso Miranda es quizá el que más se ha visto en innumerables películas y series televisivas de los Estados Unidos. En ellas es común ver que cuando arrestan a una persona la policía lo primero que hace es “leerle” sus derechos. Dicha “lectura” comienza con una frase hecha que más o menos dice así: “Tiene Usted derecho a guardar silencio; todo lo que diga podrá ser usado en su contra....”. Esta frase tiene su origen, justamente, en el precedente judicial establecido por la Suprema Corte en el caso Miranda.

Ernesto Mirando fue acusado de violar a una adolescente en Phoenix, Arizona. No había pruebas directas que lo incriminaran, puesto que la víctima no vio la cara del acusado durante la violación. Algunos testigos vieron su coche en el lugar de los hechos. Sin embargo, estando detenido en las dependencias policiales, después de dos horas de interrogatorios, Miranda estuvo de acuerdo en firmar una confesión reconociendo que había cometido el delito que se le imputaba.

El caso llegó ante la Suprema Corte. La cuestión constitucional debatida era el alcance de la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, cuando establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. ¿ La Enmienda obligaba a la policía a advertir a los detenidos de ese derecho bajo la sanción de producir una nulidad de juicio? ¿tenía derecho el detenido a consultar un abogado antes de hablar con cualquier oficial de la fuerza pública, ya fuera policía ya fuera fiscal?

El abogado de Arizona pidió en el argumento oral que la Corte no promoviera la idea de que los detenidos podían consultar a sus abogados antes de declarar ante la policía. El chief justice Warren le preguntó si consideraba que los abogados eran una amenaza.

Al final la Corte le dio la razón a Miranda. La ponencia del caso fue del propio Earl Warren, quien a nombre de una escasa mayoría de justices consideró que el interrogatorio policial sin presencia del abogado era contrario a la dignidad humana. Para preservar el derecho a no declarar contra uno mismo la policía debía poner en conocimiento de todo detenido la “advertencia Miranda” ( Miranda warning), que es justamente la que tantas veces hemos visto en las películas norteamericanas. El justice Byron White consideró en su opinión disidente que esta sentencia permitiría que violadores y homicidas volvieran a la calle para seguir delinquiendo. No fue el caso de Ernesto Miranda, quien fue condenado en un segundo juicio por un tribunal que no tomó en cuenta su confesión ante la policía, pero al que le pareció que había suficiente evidencia para demostrar su culpabilidad.

[4] Para una primera aproximación al caso, Carbonell, Miguel, Los derechos fundamentales en México, México, Porrúa, CNDH, UNAM, 2005, pp. 349 y ss.; en general sobre el tema, Tribe, Laurence H., Abortion. The clash of absolutes, Nueva York, Londres, Norton and Company, 1992 y Dworkin, Ronald, El dominio de la vida. Una discusión acerca del aborto, la eutanasia y la libertad individual, Barcelona, Ariel, 1998.

[5] Y esto a pesar de que desde 1965 la Corte había declarado inconstitucionales las leyes que limitaban el acceso de las mujeres a la píldora anticonceptiva, debido a que dicha limitación violaba el derecho a la intimidad. Se trata del conocido caso Griswold versus Connecticut (381 U.S. 479). En este caso la Corte Suprema dedicó buena parte de su sentencia a justificar la existencia de un “derecho a la intimidad” derivado de otros derechos establecidos explícitamente en algunas de las enmiendas que conforman el Bill of rights. Para la Corte los derechos establecidos por el Bill of rights tienen zonas de “penumbra”, de las cuales emanan otros derechos que ayudan a los primeros a tener vida y sustancia. En el caso Griswold se estaba discutiendo la constitucionalidad de una ley del Estado de Connecticut, del año de 1879, que impedía la difusión de información y el uso de anticonceptivos; la Corte afirmó que esa ley violaba la intimidad de las parejas y se preguntó: “¿Permitiremos a la policía vulnerar los sagrados precintos de las recámaras maritales para encontrar evidencias del uso de contraceptivos? Esta simple idea es repulsiva para la noción de privacidad que rodea a la relación matrimonial”. Un análisis más detenido del caso puede verse en Johnson, John W., Griswold versus Connecticut. Birth control and the constitutional right of privacy , Kansas, University of Kansas Press, 2005.

[6] Sobre el caso de 1986, Carbonell, Miguel, “Bowers versus Hardwick: cuando el derecho entra en la recámara”, Lex. Difusión y análisis, número 119, México, mayo de 2005, pp. 33-35; sobre el caso Lawrence, Tribe, Laurence, “Lawrence v. Texas: the ‘fundamental right’ that dares not speak its name”, Harvard law review, número 117, 2004.


         
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Miguel Carbonell es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor de la Facultad de Derecho de la misma Universidad. Es especialista en derecho constitucional y derechos fundamentales.

Ha enfocado su trabajo en temas como derecho a la información, transparencia gubernamental, reforma del Estado, juicios orales, derecho a la no discriminación y políticas públicas sobre los derechos sociales

 

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