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Caso "Cooper vs Aaron".

Miguel Carbonell
Sep 4, 2014 - 3:35:27 PM

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El caso “Cooper versus Aaron” (1958).

 

Miguel Carbonell.

IIJ-UNAM.

 

Cooper versus Aaron es una especie de continuación del caso más famoso de la Suprema Corte de los Estados Unidos durante el siglo XX: la sentencia Brown versus Board of Education , a partir de la cual se ordenó la integración racial en las escuelas. El caso Cooper se origina por el rechazo de algunas autoridades de Arkansas de cumplir con la decisión judicial emitida en Brown. Varios jueces habían dictado sentencias para ir implementando en la práctica el criterio integrador de Brown. En Arkansas algún juez apoyó un plan a diez años para ir logrando de buena fe una integración racial en las escuelas. Parte de ese plan pasaba por aceptar a nueve niños de color en una escuela superior de Little Rock. La decisión del juez federal fue emitida el 3 de septiembre de 1957. Los ánimos de los racistas se encendieron de inmediato, animados por el gobernador de Arkansas Orval Faubus.

Un día antes del comienzo de clases el gobernador salió en televisión diciendo que la “sangre correría por las calles” si los nueve niños de color intentaban ir a la escuela. El gobernador había ordenado a la Guardia Nacional que rodeara la escuela e impidiera el paso a los niños. Ese día ocho niños se reunieron en casa de una dirigente de la NAACP para ir juntos a la escuela. Otra niña, Elizabeth Eckford de quince años, decidió ir ella sola. Al llegar a la escuela fue rechazada por militares que portaban rifles con bayonetas. La multitud que se había reunido en torno a la escuela identificó a Elizabeth y la persiguió para lincharla. Fue protegida por un hombre blanco que también era miembro de la NAACP y logró escapar.

Las imágenes televisivas de Elizabeth a punto de ser linchada por el simple hecho de querer ir dignamente a la escuela tocó las fibras más profundas de millones de norteamericanos que nunca habían visto con tanta claridad la cara más dura del racismo, ni podían entender que alguien quisiera hacer daño a un niño. El Presidente Eisenhower decidió no intervenir en el asunto en el primer momento, así que tuvo que ser un juez federal el que le ordenara al gobernador Faubus que quitara a la Guardia Nacional de la escuela. La policía de Little Rock acompañó a los niños a la escuela, pero de nuevo una multitud impidió su paso y estuvo a punto de lincharlos. La posibilidad de ver a niños negros linchados por televisión movió finalmente el ánimo de Eisenhower que ordenó a tropas de la armada custodiar la escuela. Finalmente los niños pudieron asistir a clases; el primero de ellos que obtuvo el grado, Ernest Green, tuvo una carrera profesional exitosa y acabó trabajando como asesor en el gabinete de Jimmy Carter.

El asunto se complicó cuando un juez federal atendió una petición de la directiva escolar de Arkansas para detener por unos años la integración racial en las escuelas. El juez estuvo de acuerdo con la petición, lo que tenía como consecuencia posponer sine die la aplicación del criterio expresado en Brown. Los abogados de la NACCP se movieron y el caso volvió de nuevo a Washington, para la consideración de la Suprema Corte. El caso fue planteado como Aaron versus Cooper, por William Cooper, director del sistema educativo de Little Rock, y John Aaron, que era el primero de la lista de los demandantes de color. Para algunos autores, en realidad las partes en el juicio eran el gobernador Orval Faubus y el Presidente de la Corte Earl Warren. Los abogados de Little Rock sostuvieron que el Gobernador tenía dudas acerca de la obligatoriedad de la sentencia Brown en su Estado; dichas dudas, dijeron los abogados, pudieron crear legítimamente alguna incerteza entre la población acerca de cuál era el derecho aplicable y, en consecuencia, si la integración racial en las escuelas debía ser aplicada o no. La cuestión técnica de fondo se refería a la siguiente pregunta: ¿qué autoridad tenía competencia para pronunciar la última palabra en materia de interpretación constitucional? La respuesta de los justices, encabezados por Warren, fue contundente.

La Corte emitió su sentencia el 29 de septiembre de 1958. Por primera vez en su historia la Corte hizo una sentencia firmada por todos sus integrantes, como si los nueve hubieran sido el ponente. Con esa decisión se quería subrayar el apoyo de la Corte a su Presidente y la decisión de los jueces de llevar adelante la integración racial en las escuelas. Una frase de la sentencia deja claro quién tiene la última palabra en materia constitucional dentro de Estados Unidos: “Ningún legislatura estatal, o funcionario ejecutivo o judicial puede pelear contra la Constitución” ( can war against the Constitution). La interpretación de la enmienda 14 contenida en Brown era la “ley suprema de toda la tierra” ( the supreme law of the land).

¿Cuál es la importancia de Aaron versus Cooper para la historia de los derechos fundamentales y para el lugar de los jueces dentro de un sistema democrático? Me ha parecido un caso interesante porque demuestra y pone a prueba la idea de la historicidad de los derechos y el papel que pueden tener los jueces para ir rompiendo estándares de discriminación que de otro modo permanecerían intocados. Los derechos fundamentales se han impuesto siempre como luchas en favor de la ley del más débil, en palabras de Ferrajoli, contra la ley del más fuerte que rige en su ausencia. Esas luchas no han sido fáciles ni gratuitas y así lo atestiguan las tensiones derivadas de Brown, claramente reflejadas en Aaron. A fin de cuentas, ambos asuntos reflejan que detrás de cada caso hay siempre una decisión de personas en favor (o en contra) del Estado de derecho y del imperio de la ley. Por otro lado, también sirven para demostrar que el derecho puede ser utilizado para acelerar el cambio social y que a través de los mecanismos jurídicos, si bien de forma lenta y no siempre pacífica, se puede cambiar un poco a las sociedades de nuestro tiempo.

La historia del caso y de los eventos posteriores también sirve para demostrar que el garantismo es una teoría minoritaria y que los derechos fundamentales no conforman criterios de moralidad aceptados por la mayoría de la población. El gobernador Orval Faubus, a pesar de sus actitudes abiertamente racistas y de sus continuos desafíos a los jueces federales, fue electo para seguir en el cargo durante cuatro periodos más por los electores de Arkansas. Lo mismo sucedió con otro gobernador racista, George Wallace, de Alabama. Wallace se opuso personalmente a la entrada de dos estudiantes de color en la universidad del Estado en mayo de 1963. Los estudiantes pudieron franquear la entrada de la universidad gracias a la presencia de medio millar de Guardias Nacionales enviados por el gobierno federal. ¿Cuál fue la sanción que los electores impusieron a Wallace por sus actitudes racistas? Ninguna: obtuvo medio millón de votos blancos en 1964, cuando se presentó a las elecciones primarias del Partido Demócrata. En 1968 se presentó como candidato presidencial por el “Partido Independiente Americano” y a pesar de no ganar las elecciones obtuvo casi diez millones de votos. Esto demuestra, por si hubiera alguna duda, que los derechos fundamentales no pueden dejarse en manos de las mayorías ni pueden estar sujetos a la lógica del voto popular.


         
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Miguel Carbonell es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor de la Facultad de Derecho de la misma Universidad. Es especialista en derecho constitucional y derechos fundamentales.

Ha enfocado su trabajo en temas como derecho a la información, transparencia gubernamental, reforma del Estado, juicios orales, derecho a la no discriminación y políticas públicas sobre los derechos sociales

 

miguel@miguelcarbonell.com

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