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Un Juicio Justo

Mercedes Carbonell Peláez
Jul 28, 2014 - 3:39:19 PM

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Ver cómo se deforma una realidad que creíamos cierta e inspiradora, acerca de personas admiradas por nosotros es decepcionante, aterrador e, incluso, desmoralizante. Es comprensible que ante esta circunstancia algunas personas se aferren a esa "realidad", pero no se justifica la negación de los hechos, especialmente cuando estos sí resultan vejatorios para las propias víctimas; luego, los que no quieran exponer su delicada percepción sobre lo que aquí pasó o aquellos que prefieran conservar intacta su memoria no sigan leyendo. Las siguientes líneas son sobre el caso del albergue La Gran Familia.

Todos conocemos la historia que ha conmovido a la opinión pública mexicana: el martes de 15 de julio se desarrolló un operativo federal coordinado por la Procuraduría General de la República (PGR), cuyos elementos irrumpieron en el albergue denominado La Gran Familia, en la ciudad de Zamora, Michoacán.

Aclarar ciertos elementos es importante para entender mejor el caso. Primero, la intervención tuvo como propósito ejecutar una orden judicial de cateo, dictada para encontrar a cinco personas que estaban privadas de su libertad. Segundo, el operativo tuvo el apoyo del gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, quien también estaba atento a las denuncias presentadas contra el albergue, las cuales fueron ignoradas por sus antecesores (algunas datan del 2008). Tercero, a diferencia de lo que varias personas piensan, entre ellas el Sr. Enrique Krauze, los militares no participaron en el operativo. Las fuerzas militares solamente instalaron un cordón de seguridad en el perímetro del albergue como parte de la estrategia de seguridad que se lleva a cabo en la entidad, con la finalidad de salvaguardar la integridad física de los funcionarios que iban a llevar a cabo la ejecución de la orden de cateo. Cuarto, los probables responsables fueron asegurados en cuanto los agentes del ministerio público y de la policía entraron a las instalaciones del albergue como parte del procedimiento a seguir; no obstante, la señora Rosa del Carmen Verduzco permaneció en su oficina y se le dio trato adecuado por su avanzada edad.

Una vez aclaradas las condiciones del operativo podemos enfocarnos en la obra de “Mamá Rosa”. El albergue funcionaba desde 1947; en estos casi 70 años de labor no dudo que haya tenido intenciones y acciones genuinas de asistencia a la comunidad y ayuda a los desamparados, tampoco dudo que en los primeros años, o décadas, logró hacer “niños de bien” y sacarlos de situaciones desfavorables; sin embargo, en algún momento las condiciones cambiaron y el albergue que antes pretendía ayudar a la sociedad se convirtió en un infierno para aquellos que lo habitaban. El estado deplorable e infrahumano en que las 601 personas fueron encontradas es innegable: condiciones insalubres, infecciones, plagas, desnutrición, anemia, vestimenta y calzado deplorable, problemas de salud física y mental desatendidos, evidencia de violencia física y abusos de todo tipo en los cuerpos de los niños.

La historia del albergue es conocida por la sociedad michoacana, en los diferentes ordenes de gobierno e incluso por personajes internacionales. Comprendo que del conocimiento del caso y de la historia de "Mamá Rosa" venga una terrible decepción al conocer las verdaderas condiciones en que vivían, al 15 de julio, las personas que lo habitaban, incluso entiendo la pueril necesidad de negar los hechos. Sin embargo, lo expuesto por los medios de comunicación y las acusaciones realizadas no son suposiciones, ni declaraciones infundadas, ni intentos de desviar la atención de otros asuntos políticos importantes; estamos hablando de violaciones serias a los derechos humanos de, al menos, 601 personas. Por lo tanto, este asunto no debe banalizarse, debe ser atendido con carácter de urgencia y con la importancia que merece; debe dejarse de lado la defensa "moral" basada en episodios del pasado de la vida de la Sra. Verduzco y ceñirse la observación a la realidad actual; no opera como prueba de descargo la buena intención con que surgió y operó en su día el albergue. La evidencia está ahí, es necesario reconocerla y hacerla valer, las víctimas claman justicia y los victimarios deben enfrentar la responsabilidad por sus acciones. Todos los ciudadanos tenemos un deber general de obediencia al Derecho, sólo por eso, deberíamos de colaborar con las autoridades para que la ley sea aplicada como corresponde. Si lo ocurrido en el albergue La Gran Familia bajo la dirección y mando de la Sra. Verduzco, es un delito, lo decidirá un juez, no hay defensa que valga por medio de desplegados porque los hechos son contundentes e innegables.

En este caso en particular me parece muy importante la labor de los medios de comunicación para que la situación del albergue y sus habitantes siga en el ojo público y los culpables sean llevados ante la justicia. Los hechos sucedidos en las instalaciones del albergue La Gran Familia probablemente constitutivos de delitos que van desde las lesiones, abuso de confianza, fraude, abuso y maltrato infantil, hasta extorsión, privación ilegal de la libertad, trata de personas, desaparición forzada, cohecho, tráfico de menores, violación y se habla incluso de homicidio, entre otros.

Las investigaciones deben continuar hasta que se responda a todas las situaciones que se han planteado en este asunto, debe reconstruirse la historia del albergue y responder así a preguntas como: ¿en qué momento permitieron los responsables del centro y las propias autoridades que esto ocurriera? ¿porqué no se hizo algo antes, ante las primeras denuncias? ¿acaso es pertinente adjudicar parte de la culpa a la doble moral de una sociedad que por un lado se refiere a la "caridad" de la obra y, por otro, tolera los abusos como "normales"? ¿qué autoridades fueron omisas? ¿qué consecuencias tendrá todo esto? ¿son los señalados como probables los únicos responsables? ¿inimputable es lo mismo que inocente?

La naturaleza del caso y los hallazgos realizados resultan desconcertantes por la cantidad de incógnitas que dejan a su paso. Esto es lamentablemente una realidad para muchos mexicanos; este caso es solamente uno de muchos que ocurren en el país. Por eso es preponderante que se reúnan esfuerzos, del gobierno, para continuar con operativos de la misma índole y, de la sociedad, para exigir la resolución de los mismos, ambos con la intención de mejorar el sistema de protección de derechos humanos de los mexicanos.

















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Miguel Carbonell es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor de la Facultad de Derecho de la misma Universidad. Es especialista en derecho constitucional y derechos fundamentales.

Ha enfocado su trabajo en temas como derecho a la información, transparencia gubernamental, reforma del Estado, juicios orales, derecho a la no discriminación y políticas públicas sobre los derechos sociales

 

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