Uno de los mayores problemas en el funcionamiento práctico del sistema político mexicano tiene que ver con el papel de los partidos de oposición.

La naturaleza excluyente del sistema político que adoptamos en México desde el siglo XIX supone que los perdedores en una contienda presidencial se queden sin nada, ya que el ganador se lleva todo. Eso significa que liderazgos políticos muy fuertes quedan en una posición indefinida, que no tiene expresión institucional de ningún tipo.

Pensemos en el caso de Andrés Manuel López Obrador y de Josefina Vázquez Mota. Juntos sumaron en la pasada elección presidencial 27 millones de votos, pero ninguno tendrá un cargo público al menos durante los próximos tres años. A lo sumo podrán intentar hacer algo al interior de su partido (caso de Josefina) o aventurarse en la creación de una nueva opción partidista (como se lo ha propuesto AMLO).

De ahí surge el dilema de cómo pueden o deben hacer oposición quienes no lograron el objetivo de alcanzar la presidencia de la República. Es un dilema que tuvo que enfrentar por décadas el PAN, hasta el año 2000. Que tuvo que enfrentar el PRI entre el 2000 y el 2012. Y que ha tenido que enfrentar el PRD desde su nacimiento como partido, en 1988.

El gran premio que supone ganar la Presidencia (con todo lo que implica para la colocación de cuadros del partido ganador y el acceso a la administración de cantidades ingentes de recursos públicos) y la naturaleza excluyente del sistema que ya apuntábamos hace que la tentación opositora sea para poner las mayores trabas posibles al gobierno.

La oposición no gana nada apoyando al partido ganador en las elecciones, sino que intenta que fracase como gobierno con la esperanza de derrotarlo en la siguiente convocatoria electoral.

Este es el contexto real en el que la oposición debe ser ejercida en México. El único incentivo de colaboración que pueden tener los partidos opositores consiste en la defensa de causas y temas que pueden ser buenos para el país, de modo que la ciudadanía pueda reconocer esa contribución y recompensarla con votos más adelante.

Para ello es indispensable, sin embargo, que los partidos opositores tengan liderazgos con visión de Estado, que les permitan tener claridad sobre las tareas de mediano y largo plazo para la construcción de la democracia.

Por su parte, los ciudadanos y los medios de comunicación deben estar atentos para denunciar cuando un partido exceda su papel opositor y se alienten posturas que suponen un sabotaje del debate nacional que el país requiere con urgencia, por ejemplo a través de la toma de la tribuna o del ejercicio de la violencia en alguna sesión parlamentaria, o mediante el insulto y la falta de respeto a los funcionarios durante alguna comparecencia: todo eso lo hemos visto en los años recientes, por desgracia.

En cualquier caso, lo deseable es tener una oposición que sepa hacer su trabajo (que no es otro más que el de oponerse), pero que también sepa negociar, llegar a acuerdos, hacer avanzar aunque sea en parte su propia agenda, y sobre todo que sepa proponer alternativas de cambio y que no solamente diga que no a todo lo que se plantee. Es decir, lo que se requiere es una oposición que sea democrática y no otra cosa.