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El balance del sexenio en (in)seguridad
ADN político
Miguel Carbonell
Oct 16, 2012 - 9:11:02 PM

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Artículo de Miguel Carbonell publicado en la página web ADN político.

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El balance del sexenio en (in)seguridad

Miguel Carbonell

IIJUNAM


Han sido tantos los discursos del presidente Felipe Calderón sobre el tema de la inseguridad, y han sido tantos los hechos sanguinarios que hemos visto en los años recientes, que es posible que el balance del sexenio que está a punto de terminar se centre precisamente en los temas de la seguridad pública.

Se trata de un ámbito particularmente doloroso por los miles de muertos que ha habido, por el daño que ha producido el secuestro, por el miedo que infunden las extorsiones telefónicas, por la manifiesta incapacidad de las autoridades para hacer justicia, por las fugas en las cárceles, por la debacle en la que se instalaron las procuradurías de justicia y por muchas cosas más.

Los resultados en el tema de inseguridad están a la vista de todos y, de acuerdo con cifras del INEGI y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, cito algunos de entre los muchos que podrían traerse a colación:

1) Los homicidios han aumentado en un 300% desde 2007,

2) De enero a agosto de 2012 se han registrado 30,440 denuncias por concepto de extorsión telefónica.

3) La incidencia por cobro de piso (una forma de extorsión particularmente lesiva de la actividad económica y comercial) se incrementó de 2010 a 2012 un 131%.

4) El 91% de los delitos que se cometen en el país no son ni siquiera denunciados (y por ello, mucho menos serán investigados o sancionados: es el reino de la impunidad absoluta).

5) La mayor parte de las corporaciones policiacas no han avanzado en sus procesos de certificación y los controles de confianza parecen haberse sumido más bien en una triste rutina burocrática, sin efecto alguno en el mejoramiento de nuestra seguridad pública.

6) La tortura se ha incrementado en un 400% en este sexenio, sin que los responsables hayan sido llevados ante la justicia. La CNDH ha tenido que emitir más de 150 recomendaciones por ello a órganos del Gobierno federal, sin que hasta la fecha se sepa de alguna sentencia condenatoria firme contra los funcionarios señalados.

Lo peor de todo no lo reflejan las cifras anteriores y no lo podría reflejar ninguna estadística: lo peor del sexenio en materia de (in)seguridad pública han sido las lágrimas de miles de niños que han perdido a sus padres o madres, el dolor de familias rotas por la crueldad de los cárteles y la inacción del poder público, la sensación en muchas entidades federativas de que la delincuencia nos arrebató el futuro, la idea entre muchos jóvenes de que solamente se sale adelante delinquiendo, la impunidad que han gozado empresarios y prestanombres de todo tipo que han sido la “fachada” financiera para lavar miles de millones de dólares provenientes de la delincuencia, la torpeza de los medios de información que en vez de investigar, analizar y comprender, se han dedicado a vociferar y confundir, etcétera.

Nadie debe caer en el simplismo de pensar que todo lo que nos ha pasado es culpa del presidente Calderón. No es así y no hay dato alguno que permita llegar a esa conclusión.

Lo cierto es que, si hacemos un balance objetivo de lo que han sido estos últimos seis años en materia de seguridad pública, observaremos un deterioro sin precedente.

Ojalá que el próximo gobierno mantenga lo que se deba mantener, pero se atreva también a cambiar muchas cosas que hoy sabemos que no funcionan y no van a funcionar. Millones de mexicanos lo vamos a estar exigiendo, porque recuperar la seguridad pública en el país está en las primeras de todas nuestras preocupaciones.













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Miguel Carbonell es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor de la Facultad de Derecho de la misma Universidad. Es especialista en derecho constitucional y derechos fundamentales.

Ha enfocado su trabajo en temas como derecho a la información, transparencia gubernamental, reforma del Estado, juicios orales, derecho a la no discriminación y políticas públicas sobre los derechos sociales

 

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