Cuando los historiadores en el futuro analicen el sexenio de Felipe Calderón, verán que su principal apuesta fue la lucha contra la delincuencia organizada. El presidente aprovechó cuanta ocasión tuvo para repetir sus objetivos de derrotar a los delincuentes y de restaurar la paz en todo el territorio nacional. Habrá tiempo de sobra para discutir si logró su objetivo o si fracasó en su tarea.

Para su lucha contra la criminalidad, Calderón se basó en el apoyo de las fuerzas armadas y de la Policía Federal. Con lo que no contaba el presidente era con el aumento absolutamente abrumador de las violaciones de derechos humanos, cometidas por el Ejército y la Marina.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado puntualmente dichas violaciones y le ha dirigido a los militares un número altísimo de recomendaciones, llegando incluso a presentar denuncias penales por hechos que además de violar derechos humanos eran constitutivos de delitos.

Cuando las denuncias contra los militares comenzaron a aumentar (de forma señalada a partir de principios de 2007), el gobierno no estuvo a la altura del reto y dejó en manos de las propias fuerzas armadas la oportuna corrección de los soldados que se habían excedido. Lo malo es que dichos procesos de “auto-sanción” funcionaron de forma muy limitada. Mejor dicho: no funcionaron en casi ningún caso o en muy pocos.

Por eso es que cabe celebrar las recientes resoluciones de la Suprema Corte que ponen límites al uso del fuero militar y que derivan hacia la justicia civil todos los casos en los que una persona no perteneciente a las fuerzas armadas esté involucrado en un delito cometido por militares.

En buena medida, el nuevo criterio de la SCJN proviene de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Rosendo Radilla Pacheco contra México” y los que le siguieron (“Valentina Rosendo”, “Inés Fernández”), todos ellos relativos a abusos militares en contra de civiles.

Sin embargo, ahora viene lo más difícil: las autoridades civiles competentes deben mostrar que tienen la fortaleza, la capacidad y la decisión de seguir las investigaciones y los juicios contra los militares que hayan cometido atropellos.

Desde el lado de los jueces no se advierte tanto problema, ya que están acostumbrados a conocer de casos muy complicados, como los que tienen que ver con el crimen organizado, y cuentan con una formación que podemos calificar como aceptable en términos generales. Más escarpado parece el escenario para la PGR, a cuyo cargo quedarán en adelante las investigaciones y la formulación de las acusaciones que correspondan.

La PGR ha sido la gran abandonada de la Presidencia de Calderón. Pese a los esfuerzos de depuración hacia su interior y de la apuesta por la profesionalización de sus miembros, lo cierto es que su actuación todavía deja mucho que desear. Sus números serán los peores del sexenio, en el ámbito del combate a la delincuencia.

Por eso es que, si no mejora sustantivamente el trabajo ministerial que le corresponde a la PGR, lo más probable es que se prolongue la impunidad de los abusos, sin que ni siquiera se cuente con los elementos disuasivos que las autoridades militares pueden imponer por medio de la disciplina castrense hacia el interior de sus unidades.

Eso sería el peor escenario: un poder militar sin capacidad de sancionar a sus elementos por carecer de competencia para hacerlo y unas autoridades civiles negligentes, carentes de preparación o susceptibles de ser corrompidas para que no puedan realizar su tarea. Bajo ese escenario perdemos todos, de modo que habrá que hacer todo lo posible para que no se realice.

Por lo pronto, cabe aplaudir la decisión de los ministros de devolver a la justicia civil lo que le corresponde, deseando que ahora sus fiscales y jueces hagan lo que deben hacer.