El INEGI acaba de dar a conocer los datos sobre la inseguridad y la incidencia delictiva, correspondientes al año 2011.

Se trata de los resultados de la Encuesta Nacional realizada a víctimas del delito (ENVIPE), cuyo levantamiento no se basa en los datos recabados por la autoridad, sino en los testimonios directos de quienes han sido víctimas de la delincuencia. Valga la aclaración, ya que precisamente uno de los problemas mayores del tema tiene que ver con la llamada "cifra oculta" de delitos, la cual se integra por todos los actos delictivos que no son denunciados y que por tanto no forman parte de la estadística oficial.

Los datos correspondientes al año 2011 son aterradores, como lo han sido también los correspondientes a los años anteriores.

El INEGI nos dice que durante 2011 fueron cometidos en la República Mexicana 22.3 millones de delitos, los cuales generaron una cifra de 18.6 millones de víctimas. Esto significa que uno de cada cuatro mexicanos mayores de edad fueron víctimas de la delincuencia durante el año pasado.

Los delitos que mayor incidencia tuvieron (por el número de veces que se cometieron) fueron el robo en la calle o en el transporte público, la extorsión, el robo total o parcial de vehículo, el fraude y las amenazas verbales.

Según el cálculo derivado precisamente de la ENVIPE 2011, la inseguridad en México nos cuesta anualmente al menos 211 mil millones de pesos a los contribuyentes.

Las principales dependencias federales encargadas de combatir a la delincuencia han tenido en estos últimos años han recibido más recursos que nunca en su vida. Entre Sedena, Marina, Secretaría de Seguridad Pública Federal y PGR gastamos en el 2011, 119 mil millones de pesos.

Quizá la cifra más dramática de la encuesta es la que nos indica que el 91.6% de los delitos no fueron denunciados a lo largo de 2011. Ahí empieza la rueda imparable de la impunidad: un delito no denunciado nunca se investigará, sus responsables nunca serán acusados ante un juez y tampoco recibirán castigo alguno.

Las personas encuestadas que no denunciaron los delitos de los que fueron víctimas afirmaron que no lo hicieron por desconfianza en la autoridad o porque era una pérdida de tiempo. Ambas respuestas demuestran el drama humano e institucional que se esconde detrás de las cifras delincuenciales.

Es importante tener en cuenta, para comprender adecuadamente el desafío al que nos estamos enfrentando, que el 90% de los delitos que se cometen en México son competencia de las autoridades locales.

Esto significa que deben ser los municipios y los estados los que se pongan a trabajar para combatir con mayor eficacia a la enorme delincuencia que sufrimos los mexicanos.

Lamentablemente, se trata también de los eslabones más débiles: muchas corporaciones policiacas locales carecen de las mínimas condiciones indispensables para hacer bien su trabajo. Otro tanto cabe decir de las procuradurías de justicia, cuyos resultados son en general desastrosos.

Como quiera que sea, lo interesante es que los datos del INEGI nos permiten al menos saber de qué tamaño es el reto al que nos enfrentamos y lo mucho que debemos hacer para mejorar. Solamente así podremos dar los pasos necesarios para revertir una situación de deterioro tan profundo y extendido que debería ser la prioridad número uno de todos los niveles de gobierno y de todas las autoridades.