Artículo publicado el día 20 de Septiembre de 2012 en el periódico El Universal
La mejor reforma fiscal.
Miguel Carbonell.
IIJ-UNAM.
Twitter: @MiguelCarbonell
La legitimidad que el Estado tiene para
cobrarnos impuestos depende de una condición inexcusable desde hace varios
cientos de años: que todos los contribuyentes paguen y que no haya privilegios
para algunos solamente porque sean amigos de los gobernantes. Esa premisa en
México es inexistente y por tanto la legitimidad del Estado hacia los
contribuyentes está muy deteriorada.
Es por eso que no está mal visto que
alguien diga que evade impuestos o que le hace alguna que otra “trampilla” al
Servicio de Administración Tributaria. La tolerancia social hacia ese tipo de
prácticas ilegales es muy amplia: nadie le retira la amistad a una persona por
haber confesado que dejó de pagar el predial o la tenencia vehicular.
En este contexto, la mejor reforma fiscal
que uno pueda imaginar tiene como requisito que todos los obligados a pagar,
efectivamente paguen. El aumento en la recaudación sería de tal magnitud si eso
se pudiera lograr que podríamos construir escuelas, universidades, hospitales,
carreteras, aeropuertos, dar becas, apoyar a madres solteras, aumentar sueldos
de los policías honestos (que los hay, por supuesto), etcétera. En realidad
podríamos construir otro México.
Una forma de acercarnos a ese ideal es a
través de la extensión de aquellas formas de impuestos que son fáciles de
cobrar. Por ejemplo, es más fácil de cobrar un impuesto al consumo (como el
IVA) que un impuesto a los ingresos (como lo es el ISR, cuyo cálculo depende de
cada contribuyente, de la forma en que haga sus deducciones y de muchas cosas
más).
Por otro lado, también sería ideal que en
los estados y los municipios hubiera mucho mayor rigor a la hora de cobrar los
impuestos locales. Algunos estudios señalan que por ejemplo en el Distrito
Federal la mitad de hogares hasta hace muy poco no pagaba el servicio de agua,
pese a lo barato que era. La OCDE ha insistido en varios de sus documentos
sobre el bajísimo porcentaje que se recauda por concepto de impuesto predial
(cuyo cobro corre a cargo de los municipios).
La idea central debe ser la búsqueda de la
“universalidad” en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Cualquier otro
resultado es algo semejante a un fraude a los miles de ciudadanos que sí
pagamos y sí cumplimos a tiempo con nuestras obligaciones fiscales, pese a que
no es fácil ni gracioso hacerlo.
Dicha “universalización”, además de un
acto de evidente justicia, será una condición indispensable para realizar en la
práctica la promesa de mayor alcance que durante su campaña hizo el Presidente
Electo Peña Nieto: la protección universal de salud. Recordemos que Peña
propuso fusionar los sistemas de salud y financiarlos a través de impuestos y
no como ahora, que existe un esquema de aportaciones tripartitas que nutren las
arcas del IMSS y del ISSSTE (contribuyen los trabajadores, los patrones y el
Estado).
Si dicha medida entra en funcionamiento
supondría un ahorro para las empresas de alrededor de entre un 25 y un 30% del
costo de cada uno de los trabajadores. Si a eso se suma la aprobación de
esquemas más flexibles de contratación laboral, estaríamos ante la posibilidad
de detonar la creación de millones de puestos de trabajos en los años
siguientes.
El problema principal, sin embargo, reside
en la forma de financiar ese nuevo esquema de protección social. ¿Qué impuestos
se deberán aumentar y quiénes serán los contribuyentes que deban pagar? La
solución más fácil sería aumentar la presión fiscal para las clases medias, que
en su mayor parte se integran por “causantes cautivos” y complementar tales
aumentos con medidas que castiguen a productos que impactan en la salud, como
el alcohol y el tabaco. Pero esas clases medias son hoy mayoritarias en México;
su voto fue decisivo en el pasado proceso electoral y lo será en el futuro.
Además, los causantes cautivos ya pagan niveles muy altos de impuestos,
considerando el bajo nivel de servicios públicos que reciben a cambio de esas
contribuciones.
La solución más correcta (aunque
ciertamente mucho más compleja de implementar) sería apretar por el lado de la
evasión y de la elusión fiscal. El Primer Ministro Mario Monti lo ha hecho en
Italia y en menos de un año ha aumentado en un 18% la recaudación. El margen de
mejora en México puede llegar seguramente a esa cifra e incluso superarla.
Ojalá la nueva administración federal y los gobiernos locales tengan el arrojo
y la decisión suficientes para hacerlo, en beneficio de todos los mexicanos.
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