La responsabilidad fiscal.
Miguel Carbonell.
La mini-reforma fiscal aprobada hace unas semanas por el Congreso de
la Unión servirá apenas como una aspirina para el declive de ingresos que sufriremos en los siguientes años, debido al agotamiento progresivo de las reservas petroleras. La renta petrolera sigue siendo la gran fuente de abastecimiento del presupuesto de egresos tanto a nivel federal como local. No hemos sido capaces de encontrar una fuente alternativa (que podría haber sido el turismo), ni hemos creado una infraestructura pública de carácter administrativo que permita captar recursos de la planta productiva nacional. De momento el efecto de la baja en la producción petrolera no se ha sentido en toda su magnitud, debido al inaudito ascenso en los precios del barril. Pero cuando confluya un ajuste de precios a la baja con la capacidad real (menguante) de producción de Pemex, el descalabro financiero puede ser mayúsculo para el gasto público del Estado mexicano.
En el debate sobre la reforma fiscal no fueron pocas las referencias a la evasión y a la falta de responsabilidad de los millones de ciudadanos que, debiendo pagar impuestos, simplemente prefieren destinar ese dinero a otras cuestiones. Tienen razón quienes señalan y enfatizan la enorme sangría presupuestaria que supone la evasión de impuestos, pero hay otro aspecto del debate que vale la pena poner sobre la mesa. Me refiero a la falta de responsabilidad de las autoridades al momento de cobrar dichos impuestos.
Es frecuente que los municipios no molesten a los contribuyentes para que paguen los impuestos que le corresponden a la hacienda municipal, esperando que su falta de ingresos sea suplida por la gran manta del presupuesto federal y de las transferencias previstas por ese instrumento. Lo mismo pasa en el Distrito Federal, donde existe una gran evasión en el pago del agua y donde el pago del impuesto predial sigue siendo observado solamente por una parte de los habitantes.
A nivel federal las autoridades hacen con frecuencia campañas para ponerse al día, de forma que las personas incumplidas acaban siempre encontrando la manera de salirse con la suya. Unos cuantos años después de su incumplimiento se acogen a un programa de regularización y de esa manera dejan de pagar recargos y multas. Es un buen mensaje para los morosos: no pague ahora, después lo podrá hacer sin sufrir ningún perjuicio. Y es un muy mal mensaje para los contribuyentes cumplidos y sobre todo para los cautivos, que se preguntan con toda razón porqué deben asumir una carga fiscal considerable mientras sus vecinos no muestran ningún tipo de solidaridad con el gasto público.
En este contexto tan poco promisorio, deberíamos ser muy estrictos no solamente con los ciudadanos que no pagan sus impuestos, sino también y sobre todo- con las autoridades que son negligentes en cobrarlos. No se trata de cargar toda la responsabilidad en el gobierno federal; el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ha hecho importantes esfuerzos de modernización en los últimos años (por ejemplo, ha mejorado mucho en su área de atención al público). Es momento de dirigir la mirada hacia las entidades federativas y los municipios: ¿son proporcionales y equitativas las tarifas del impuesto predial? ¿se cobran puntualmente las cuotas por agua, drenaje y alcantarillado? ¿cómo se administran esos recursos captados directamente por las instancias locales? ¿qué le debe pasar a una autoridad local que se comporte negligentemente en el cobro de impuestos? ¿deben seguir percibiendo subsidios federales los estados que exenten del pago a sus contribuyentes?
Es momento de pasar de la visión de gran formato al microscopio. Debemos ser capaces de analizar qué está pasando con los contribuyentes evasores, pero también tenemos que fijarnos en el grado de cumplimiento de las tareas de las autoridades en los 2,500 municipios del país. Ahí está, en parte, el secreto de la viabilidad fiscal del Estado mexicano.
