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Artículo publicado en la revista "El mundo del abogado"
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Los abogados tienen que entender de economía
José Carbonell y Miguel Carbonell*
Un abogado que sólo sabe Derecho es un mal abogado, sostienen los
autores, al referirse a la necesidad de incorporar en la formación
profesional de los abogados herramientas provenientes de otras
disciplinas —como el análisis económico del Derecho—, que les permitan
entender y resolver los desafíos que plantea la realidad actual.
En las escuelas y facultades de Derecho del país se suele formar a los
alumnos en el conocimiento de la ciencia jurídica como si no tuviera
relación alguna con las demás ciencias sociales. Apenas se les enseña
algo de historia, un poco de ciencia política y prácticamente nada de
economía. Los alumnos consideran esas clases como de “relleno” y buscan
llevarlas con profesores considerados como “barcos”; los profesores de
esas materias, con notables y muy brillantes excepciones, tampoco se
esfuerzan por dar una clase formativa, que implique la transmisión de
conocimientos útiles para los estudiantes.
Dicho modelo deja trunca la formación de los futuros abogados, ya que
les impide contar con los conocimientos y las herramientas analíticas
necesarios para tomar buenas decisiones en un mundo cada vez más
complejo. Hoy en día ya nadie duda que el Derecho y la economía se
influyen de manera recíproca. La comprensión de ambas ramas del
conocimiento ofrece un panorama más amplio, que sin duda beneficiará a
los futuros profesionales del Derecho. Es por eso que algunas escuelas y
facultades universitarias ofrecen a sus estudiantes la posibilidad de
cursar las dos carreras de forma simultánea, obteniendo al final de sus
estudios una doble titulación.
La economía está en todos lados. Nadie puede organizar su vida
prescindiendo de ciertas nociones básicas de esta ciencia. Se proyecta
por igual en la vida personal, familiar y profesional. Para que la toma
de decisiones económicas sea más atinada, resulta indispensable que se
sustente en conocimientos ciertos y no en simples intuiciones o
prejuicios.
Sin duda, con el proceso de globalización y modernización de México y de
su economía, se han abierto infinidad de áreas profesionales del
Derecho —relacionadas directa o indirectamente con la economía— que se
nos escapan y las están ocupando profesionales de otros campos o incluso
abogados de otros países. Nos referimos, por ejemplo, a ámbitos
jurídicos relacionados con energía, competencia económica, arbitraje
comercial internacional y, en menor medida, con la inversión extranjera o
el medio ambiente, por mencionar lo más obvio.
Mientras abundan penalistas y civilistas, a muchos abogados (y a muchos
estudiantes de Derecho) se les olvida que hay un campo prácticamente
inexplorado —al menos en México— que hemos ido dejando en manos de los
economistas. Nos referimos al análisis económico del Derecho. Se trata
de una forma de estudiar al Derecho mediante el uso de herramientas
propias de la economía: pensar en términos de incentivos —cómo estimular
ciertas conductas e inhibir otras, por ejemplo—, aplicar sistemas de
precios, efectuar análisis costo-beneficio y un largo etcétera.
Uno de los campos de trabajo tradicionales de los abogados es la función
pública. Aquí, el conocimiento de los principios básicos de la economía
es indispensable. De hecho, la ignorancia de los principios económicos
elementales por parte de los servidores públicos puede ser muy peligrosa
y llegar a suponer que la sociedad pague un precio muy elevado. Sólo
hay que recordar el caso de los presidentes Luis Echeverría y José López
Portillo, ambos abogados y desconocedores de las reglas de la economía,
que ignorando los consejos de los expertos llevaron a México a la
bancarrota.
Desde esta perspectiva, no es de extrañar que ante la creciente
complejidad de la tarea pública, los abogados nos hayamos quedado
rezagados frente a economistas y una larga lista de expertos en
políticas públicas.
Sin embargo, más allá de nuestra labor profesional, hay otro argumento
para convencernos de la necesidad de aprender al menos lo básico sobre
economía. Tiene que ver con nuestro papel como ciudadanos, preocupados e
involucrados en la cosa pública. El debate sobre el destino económico
del país no puede dejarse exclusivamente en manos de los funcionarios de
la Secretaría de Hacienda o de sus contrapartes dentro de los partidos
políticos, que suelen tener —en este último caso— un nivel de
conocimiento bastante cuestionable.
Es nuestro futuro y el de nuestros hijos el que está en juego. No es
lógico —ni racional— dejar que una pequeña élite que suele ser alérgica a
la rendición de cuentas decida por todos nosotros. Una vez más hay que
remontarse a la década de 1970 y 1980 del siglo pasado para ver los
resultados que la ignorancia y el prejuicio generaron sobre nuestros
niveles de bienestar. Hay que recordar la frase del gran historiador
Arnold Toynbee: “El mayor castigo para quienes no se interesan por la
política es que serán gobernados por personas que sí se interesan”.
Así pues, tener nociones básicas de economía puede reportarnos grandes
beneficios, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Por el
contrario, en el mundo actual, ignorar los principios de esta materia
puede cerrarnos muchas puertas y cancelar valiosas oportunidades
laborales.
Por todo lo anterior y por muchas cosas más que podrían apuntarse en el
mismo sentido, pensamos que en las escuelas y las facultades de Derecho
se deberían impartir con seriedad cursos que impliquen el desarrollo de
conocimientos básicos de economía, de manera que los alumnos sean
capaces de identificar el impacto económico de toda regulación jurídica
(o de la ausencia de regulación, según sea el caso), la necesidad de
contar con un sistema económico que impida los monopolios, la
pertinencia de que —desde el ámbito de las leyes— se incentive la
competencia económica, las bondades de un sistema de libre comercio, los
elementos normativos que permitan a nuestras empresas competir y ser
más productivas, etcétera.
Esa enseñanza debería ir acompañada de la lectura de textos
especializados, a partir de los cuales los alumnos puedan entrar a
estudiar casos prácticos en los que se ponga en evidencia el impacto
económico del Derecho y se les dote de las capacidades necesarias para
solucionar los problemas que se van suscitando.
En la actualidad es evidente que, parafraseando a un gran economista, un abogado que sólo sabe Derecho es un mal abogado.
Notas
* Miembros de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, respectivamente.
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