Artículo de Miguel Carbonell publicado el día 4 de Octubre de 2012 por el periódico El Universal.

                                                 ¿Se justifica tomar la tribuna?

                                                           Miguel Carbonell

                                                               IIJ-UNAM.

Desde hace un tiempo parece haber tomado carta de naturaleza en el quehacer parlamentario de México la práctica de “tomar la tribuna”. Esto significa que un grupo de legisladores sube por la fuerza hasta donde se ubica el sitio de oradores e impide que se desarrolle con normalidad la correspondiente sesión, obstaculizando por completo que alguien haga uso del micrófono, que se abra ningún tipo de debate, que se voten los puntos del orden del día y, en suma, que se lleve a cabo la deliberación política que es una característica indispensable de todo régimen democrático.

Quienes han acudido a ese intempestivo método de imposición del silencio legislativo (porque lo único que genera es silencio por parte de los legisladores, pese a los gritos que suelen acompañar la trifulca de los tomadores de la tribuna), dicen que lo hacen para defender principios democráticos irrenunciables.

¿Pero qué entienden por democracia? ¿acaso una democracia no consiste precisamente en hablar, discutir, analizar, argumentar y luego votar para que quienes cuentan con el mayor número de escaños tomen las decisiones que entienden que son mejores para el país? ¿no los elegimos para eso, dándole a uno o más partidos la mayoría y al resto la representación de las minorías? ¿no tienen acaso los grupos minoritarios garantizado el derecho a exponer su punto de vista, alertar a la opinión pública de lo improcedente de cierta reforma, ofrecer en público sus argumentos, proponer adiciones a las iniciativas, etcétera?

En un régimen democrático la oposición política puede discrepar de una decisión tomada por la mayoría de muchas maneras. Lo puede hacer hablando desde la tribuna y apelando a la ciudadanía para que, en las próximas elecciones, cambien el sentido de su voto. Lo puede hacer también llevando cierta iniciativa ya aprobada y publicada ante los jueces, para que resuelvan si viola o no determinados preceptos constitucionales o algún tratado internacional.

Todo eso está previsto desde hace años en nuestro sistema jurídico mexicano. Basta con que se reúna la firma del 33% de los integrantes de cualquiera de las dos Cámaras del Congreso de la Unión para que cualquier ley recién aprobada vaya directo hasta la Suprema Corte y se examine su constitucionalidad.

Si existen todas esas posibilidades, ¿cómo es que se sigue tomando la tribuna con el afán no de debatir, sino de acallar a quienes piensan diferente? ¿cómo es que se puede creer que el debate parlamentario puede florecer mediante actos de imposición violenta? ¿cómo es que uno se presenta como demócrata sin respetar a quienes obtuvieron mayor número de votos y piensan de modo diferente?

El debate alrededor de la reforma laboral ha sido muy intenso en las semanas recientes, como es natural en toda democracia. Se han expuesto visiones contrapuestas, se han ofrecido argumentos para todos los gustos (incluyendo algunos profundamente mentirosos y tergiversados), se han hecho ajustes a la iniciativa presentada por el Presidente Calderón cuando se ha estimado necesario, etcétera. Gracias a todo eso los mexicanos hemos estado permanentemente informados de las decisiones que se han ido tomando sobre lo que deberá concretarse en el Senado de la República en los próximos días. Hemos aprendido sobre las ventajas y las desventajas de la democracia sindical, sobre los contratos por unidad de tiempo o por obra determinada, sobre las indemnizaciones por despido, sobre el pago de salarios caídos, sobre las formas de solucionar controversias entre trabajadores y patrones y muchas cosas más.

A estas alturas, cualquier persona que haya querido seguir el debate puede tener una opinión propia sobre el contenido de la reforma laboral. Dicha opinión seguramente le permitirá votar en el 2015 y en el 2018 con conocimiento de causa y de manera informada. Quizá en ese momento los opositores a la reforma laboral reciban el respaldo mayoritario de la ciudadanía y puedan revertirla; o quizá los votos se inclinen del lado de quienes piensan que se trata de una reforma que va a crear mucho empleo, sobre todo entre los jóvenes que año tras año se incorporan al mercado laboral.

Es esa incertidumbre en los resultados, esa perspectiva abierta hacia el futuro lo que a fin de cuentas hace que una democracia sea eso y no una farsa. Por eso es que la democracia requiere de un debate público abierto, intenso y enjundioso, en el que se puedan ventilar todos los puntos de vista ¿Es tan difícil de entender?

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