La corrupción tiene que ver desde las "mordidas" que piden los agentes de tránsito, hasta el amañamiento de las licitaciones de grandes obras públicas. Es tan corrupto el funcionario que otorga un contrato para adquisición de bienes a un amigo, como un gobernador que ordena que se deje trabajar sin trabas a un grupo del crimen organizado.

Por eso es que la corrupción está en todos lados: porque tiene muchas formas de manifestarse y porque parece haber permeado a todos los niveles de gobierno.

El tema convocó la atención de los dos candidatos presidenciales que obtuvieron el mayor número de votos en las pasadas elecciones del mes de julio. Fueron varios los discursos y las propuestas de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador en materia de combate a la corrupción.

El reto no es menor: hay que pasar de las palabras a los hechos. El discurso político contra la corrupción está muy desgastado, pues viene desde la "renovación moral" de Miguel de la Madrid en 1982, sin que a la fecha –treinta años después- se aprecien grandes avances sino todo lo contrario.

El candidato del PRI, Peña Nieto, propuso la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción que, en caso de que sea creada, tendría competencia para revisar a todos los niveles de gobierno (federal, estatal, municipal y del DF), a todos los poderes y a todos los órganos autónomos.

Se trata de una propuesta muy interesante, cuya puesta en funcionamiento va a requerir necesariamente una reforma a la Constitución.

En esa reforma habría que definir varias cuestiones del todo importantes. Me limito a enunciar las más obvias: ¿cómo se integraría la Comisión Nacional, de forma unipersonal o colegiada? ¿quién nombraría a sus miembros? ¿el ejecutivo y el senado? ¿solamente el senado? ¿intervendría el poder judicial mediante la propuesta de candidatos? ¿qué requisitos deben reunir las personas que vayan a quedar al frente de la Comisión?

Otra cuestión interesante es qué va a pasar con las instituciones ya existentes que tienen competencia en el combate a la corrupción. ¿Se va a mantener o va a desaparecer la Secretaría de la Función Pública? ¿cómo va a interactuar la Comisión Anticorrupción con la Auditoría Superior de la Federación, la cual hoy depende de la Cámara de Diputados? ¿la Comisión Anticorrupción tendría facultad para ejercer directamente acciones penales en contra de funcionarios presuntamente corruptos o se limitaría a dar vista a la PGR y a las procuradurías locales, las cuales dependen del Presidente y de los gobernadores respectivamente?

¿La Comisión Anticorrupción tendrá competencia en materia electoral o sobre lavado de dinero? ¿podrá investigar no solamente a funcionarios públicos, sino también a empresas y ciudadanos que sean cómplices de los actos de corrupción?

Se trata de dilemas que habrá que ir resolviendo, a partir del reconocimiento de que estamos frente a un tema de interés compartido por millones de mexicanos, de cuya adecuada resolución depende el desarrollo del país. No habrá un México próspero, atractivo para la inversión, en el que vivamos con libertad y justicia, mientras el Estado mexicano siga carcomido por la corrupción. Por eso es que urge que se lleve hacia delante esa propuesta, para intentar salir de la situación de marasmo en la que nos encontramos.

Pero si se va a hacer, hay que hacerlo bien, de forma tal que no se generen ilusiones que luego se vean defraudadas con el paso del tiempo, como ha sucedido en tantas ocasiones.