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Discurso inaugural del VIII Foro de Seguridad y Justicia

Miguel Carbonell
Jun 7, 2016 - 2:29:40 PM

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 Discurso inaugural del VIII Foro de Seguridad y Justicia.
 
 Ciudad de México, 7 de junio de 2016.
 
 Miguel Carbonell.

 
 Lic. Enrique Peña Nieto.
 
 Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
 
 Señores Alejandro Martí y Ernesto Canales.
 
 Distinguidas autoridades del presídium de honor.
 
 Señoras y señores:
 
 El tiempo nos alcanzó. Parecía lejana la fecha del 18 de junio de 2016 y aquí estamos, a escasos once días de que venza el plazo para tener funcionando en todo el país y para todo tipo de delitos el nuevo procedimiento penal, basado en las audiencias orales y en la aplicación de los métodos alternos de solución de controversias.
 
 Luego de miles y miles de horas de capacitación, de cientos de foros y seminarios de análisis, de cambios legislativos de enorme magnitud, de haber invertido más de 21 mil millones de pesos, llega la hora cero, el minuto inaugural del nuevo procedimiento penal mexicano.
 
 A partir del primer momento del 18 de junio sabremos si todos los actores estuvieron a la altura del enorme desafío que supone dotarnos de un procedimiento penal más transparente y más justo. Aunque no hace falta esperar hasta entonces para saber que algunas autoridades nos quedaron a deber. Por ejemplo, el poder legislativo federal prefirió faltar a su compromiso de tener las principales leyes del nuevo sistema de justicia penal aprobadas a tiempo. No se trata de que las saquen al vapor, sobre las rodillas, apenas unas horas antes de que fenezca la vacatio legis. Simplemente no les dio la gana aprobar con suficiente antelación leyes tan importantes como la que habrá de regir todo el procedimiento para adolescentes en conflicto con la ley penal, la que regirá la ejecución de las sanciones o, por citar un ejemplo más, las indispensables reformas a la Ley federal contra la delincuencia organizada. Es una lástima que ni eso hayan podido hacer nuestros representantes populares. Tuvieron tiempo suficiente y de sobra, pero sus intereses y atenciones parecieron estar en otro sitio. Hagamos votos para que puedan remontar dichas omisiones en el periodo extraordinario de sesiones del Congreso que habrá de empezar dentro de unos días.
 
 La reforma de nuestro procedimiento penal tiene como objetivo central reducir la impunidad, lograr un respeto absoluto a los derechos humanos, racionalizar las penas y en particular el abuso de la prisión preventiva, tener un sistema más eficiente al concentrar el poder punitivo del Estado en los delitos que más dañan a los individuos y a la comunidad, así como generar confianza ciudadana.
 
 La mayor responsabilidad recae en las entidades federativas, pues son de su competencia el 92% de todos los asuntos penales del país; un 2% corresponde a conductas de adolescentes en conflicto con la ley penal y un 6% son de la competencia del fuero federal. En el México plural que vivimos, hemos visto gobiernos locales muy comprometidos con la reforma penal, otros que han cumplido a duras penas y otros más que simplemente han preferido dejar que pase el tiempo sin hacer nada, para heredar a sus sucesores el problema.
 
 Cabe felicitar a estados como Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Baja California y Yucatán, que han hecho un buen trabajo implementando la reforma penal. Lamentamos el enorme rezago y la falta de compromiso que se observa en estados como Sonora, Guerrero, Colima, Campeche, Baja California Sur y Tlaxcala.
 
 Una de las piezas centrales del sistema son los métodos alternativos de solución de controversias; en la llamada “justicia alternativa” trabajan 1,225 personas, quienes en 2014 atendieron 136,115 casos en 27 entidades federativas (61% fueron casos resueltos por mediación y 15% por conciliación).
 
 A partir de ese dato podemos comenzar a responder la pregunta de si es o no importante haber implementado bien la reforma penal. Miremos los datos: el 39% de los casos en Chihuahua fueron desahogados por métodos alternativos gracias al buen trabajo de implementación realizado; pero solamente el 0,51% en Sonora, el estado más rezagado en el tema.
 
 Hay otros datos que apuntan en la misma dirección. Mientras que en Chihuahua hay 18.8 ministerios públicos por cada 100 mil habitantes, en Sonora hay apenas 2.9. El promedio nacional es de 10. Y es más alto en los estados en los que la reforma penal ya funciona: 16 en Yucatán, 14 en Chiapas, 12 en Morelos y en Durango.
 
 Mientras que en el sistema tradicional se resuelve una de cada seis averiguaciones previas, en el nuevo sistema se resuelve una de cada cuatro carpetas de investigación. Aunque las variaciones son grandes: 66% de carpetas resueltas en Oaxaca (con reforma funcionando), contra 6% de averiguaciones previas resueltas en Tabasco (sin reforma).
 
 Falta mejorar nuestro diseño institucional, sobre todo para fortalecer a las defensorías públicas. 84% de ellas depende indebidamente del poder ejecutivo en las entidades federativas. Su presupuesto representa apenas el 2% del total destinado a los operadores del sistema penal (921 millones de pesos en 2015). Solamente en 6 estados las defensorías públicas tienen peritos propios.
 
 En los estados en los que ya funciona la reforma hay en promedio 3,06 defensores por cada 100 mil habitantes; en los estados sin reforma hay 2,46.
 
 En los estados con reforma cada defensor debe atender 60 casos anualmente; en los estados sin reforma debe atender 174 casos.
 
 En los estados con reforma los defensores públicos ganan en promedio 20,136 pesos; en los estados sin reforma ganan 10,744 pesos en promedio.
 
 Uno de los grandes protagonistas del nuevo sistema es el llamado “procedimiento abreviado”. En las causas que ya se han ventilado bajo la competencia de autoridades federales, el 90% se ha resuelto mediante este tipo de procedimiento. En las entidades federativas hay muchas variaciones, ya que mientras en Baja California el 62% de los asuntos se van en procedimiento abreviado, esa cifra es apenas del 17% en Guanajuato o del 21% en Tabasco.
 
 Lo cierto es que son pocos los casos que llegan a la etapa de juicio oral, lo que viene a demostrar que las salidas alternas y el procedimiento abreviado están funcionando de forma adecuada en términos generales. En el Estado de México, de cada siete causas que ingresan a su poder judicial, una termina llegando a la etapa de juicio oral. En Baja California hay un juicio oral por cada 102 casos que ingresan a conocimiento de su poder judicial. Menos casos llegan a sentencia dictada en la etapa de juicio, pero se trata de casos en los que se ventilan delitos de mayor impacto social: la sanción promedio pasó de 420 días de prisión a 679 días.
 
 Es vital que las autoridades de las procuradurías y fiscalías del país estén bien preparadas para presentar sus casos ante los jueces, porque de lo contrario los abogados defensores les van a comenzar a ganar cada vez más. En el sistema antiguo el 93% de todas las sentencias penales de primera instancia eran condenatorias. El órgano acusador tenía enormes ventajas para obtener una sentencia de ese tipo. Con el nuevo sistema la cancha se empareja.
 
 En Morelos el 56% de las sentencias son absolutorias; y en Tabasco el 90% también lo son. Pero por ejemplo en Baja California solamente el 11% de las sentencias son absolutorias bajo las reglas del nuevo sistema. No se trata, por tanto, de un problema de diseño del sistema, sino de capacidad institucional para hacer buenas investigaciones y presentar sólidas teorías del caso.
 
 El nuevo sistema penal permite ganar celeridad en la impartición de justicia. En el anterior sistema un proceso penal duraba en promedio 185 días en su primera instancia. Hoy los mecanismos alternativos nos permiten obtener soluciones justas en solamente 30 días.
 
 Hemos ganado también en términos de costos económicos. Cada proceso del sistema inquisitivo mixto costaba en promedio 15 mil 198 pesos. En los asuntos resueltos por métodos alternativos bajo el nuevo sistema el costo es de 1,566 pesos en promedio.
 
 Hemos ganado al aplicar medidas cautelares distintas de la prisión. Cada interno en nuestras cárceles cuesta diariamente en promedio 220 pesos, pero medidas cautelares distintas a la privativa de libertad tienen un costo diario de 11 pesos en Morelos y de 40 pesos en Baja California.
 
 Gracias al nuevo sistema penal, entre 2008 y 2016 unas 70 mil personas evitaron sufrir prisión preventiva. La tasa de presos en prisión preventiva ha bajado del 45% al 25% en Nuevo León y del 47% al 29% en Morelos.
 
 Señor Presidente. Señoras y señores.
 
 El 18 de junio no finaliza nada. Por el contrario: arranca una nueva etapa de la consolidación de nuestra justicia penal. Una etapa en la que habrá que seguir haciendo esfuerzos extraordinarios y respecto de la cual todos tendremos tareas pendientes de la mayor relevancia. A partir de esa fecha habrá que trabajar al menos en los siguientes seis puntos:
 
 1) Informar a la sociedad del nuevo sistema y de las reglas que se aplicarán (sobre todo en materia de prisión preventiva y de presunción de inocencia, incluyendo sobre todo a los medios de comunicación).
 
 2) Formar abogados que dominen las técnicas de litigación oral, para evitar que sigan leyendo en las audiencias y que el principio de defensa adecuada siga siendo una quimera.
 
 3) Capacitar a funcionarios públicos, para que hagan investigaciones profesionales, recaben pruebas científicas y se desempeñen con éxito en las distintas etapas del procedimiento penal.
 
 4) Complementar el marco jurídico, para que las reglas de funcionamiento del sistema estén claras y sean conocidas por todos los operadores.
 
 5) Desarrollar interpretaciones jurisprudenciales para que los órganos del Poder Judicial de la Federación definan criterios de aplicación de la nueva normatividad.
 
 6) Contar con mecanismos de evaluación y seguimiento de la marcha cotidiana de la reforma, casi en tiempo real. Esta puede ser la tarea que haga la SETEC cuando venza su mandato legal, lo que ocurrirá antes de finalizar el año.
 
 Nunca en la historia jurídica de América Latina se ha intentado una reforma del alcance de nuestra transformación del procedimiento penal. Se suelen citar los casos de Colombia y Chile, pero sus condiciones geográficas, su número de habitantes, la extensión de sus países y hasta su forma de gobierno (se trata de países centralistas, no federales como México), hacen que la comparación sea imposible. En 2008 México decidió emprender una transformación jurídica de proporciones heroicas. Nos toca ahora, entre todos, convertir tales propósitos en realidades cotidianas. No nos demoremos. La tarea no ha terminado. Apenas comienza.
 
 Muchas gracias.

         
  Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM  
         
 

Circuito Mario de la Cueva s/n,
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56-22-74-63
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Miguel Carbonell es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor de la Facultad de Derecho de la misma Universidad. Es especialista en derecho constitucional y derechos fundamentales.

Ha enfocado su trabajo en temas como derecho a la información, transparencia gubernamental, reforma del Estado, juicios orales, derecho a la no discriminación y políticas públicas sobre los derechos sociales

 

miguel@miguelcarbonell.com

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