Cada 10 de octubre desde el año 2003, se conmemora el día
mundial contra la pena de muerte y para lo cual, la Organización de Estados Americanos
(OEA), a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó
el informe titulado "La pena de muerte en el sistema interamericano de
derechos humanos: de restricciones a abolición" que busca difundir los
estándares sobre la aplicación restrictiva de la pena de muerte entre los
estados americanos.
En comunicado de prensa, la OEA declaró que el informe hace
el llamado a abolir o imponer una moratoria a la pena de muerte en los países
de la región que aún la tienen, como Estados Unidos, Cuba, Guatemala, Jamaica,
Granada, Guyana, Las Bahamas y Trinidad y Tobago. Así mismo, recomienda
ratificar el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en lo
relativo a la abolición de la pena de muerte y a la abstención de adoptar
medidas que busquen la expansión de la pena de muerte o su reincorporación
Aunque en los últimos 10 años se ha logrado un avance
significativo para poner fin definitivo a esta pena y la tendencia global de la
pena de muerte va en declive, aún existen severos problemas respecto a su
aplicación. El informe presentado por la Comisión señala que en los últimos 15
años, Estados Unidos realizó 37 ejecuciones, Guatemala 3 y Trinidad y Tobago 2,
pese a que los condenados gozaban de medidas de protección por irregularidades
en sus procesos judiciales emitidas por la propia Comisión.
El informe, apoyado con datos de Amnistía Internacional,
señala que en el año 2011 se ejecutaron a 5,000 condenados en todo el mundo,
frente a los 5,496 ejecutados en el año 2010. China se encuentra con el mayor
número de muertes debido a esta pena, con 4,000 ejecuciones, seguida de Irán
con 676 ejecuciones y de Arabia Saudita, con 82 ejecuciones.
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A pesar de que la Convención Americana adoptó las disposiciones
requeridas para limitar definitivamente su aplicación y su ámbito, el informe
resaltó es el caso de Estados Unidos es particularmente complicado por su forma
de gobierno, ya que el gobierno federal estadounidense alega que no tiene
potestad para intervenir en los sistemas judiciales estatales. Así mismo, la
Comisión resaltó que Trinidad y Tobago y Barbados son los únicos dos países del
continente que mantienen la pena de muerte obligatoria para algunos crímenes.
La CIDH destacó que existen signos muy alentadores que
vislumbran una erradicación de esta pena, ya que la mayoría de los Estados de
la región que mantienen la pena de
muerte dentro de su ordenamiento jurídico han iniciado una reconsideración de
sus leyes y prácticas. Guatemala y Cuba mantienen una moratoria de la
aplicación de la pena capital, desde 1998 y 2003 respectivamente
Según el informe “Condenas a muerte y ejecuciones en 2010” de
Amnistía Internacional, durante los últimos 10 años se ha incrementado el
número de países que han abolido la pena de muerte o que han eliminado su
práctica. Dicho informe destaca que tan sólo en el año 2011, 21 países
registraron ejecuciones, en comparación con 31 países hace 10 años, y señala
que 141 países son abolicionistas en la ley o en la práctica, 97 países han
abolido la pena de muerte para todos los delitos y 36 países la han abolido en
la práctica.
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Miguel Carbonell es investigador de tiempo completo en el Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor de la Facultad
de Derecho de la misma Universidad. Es especialista en derecho
constitucional y derechos fundamentales.
Ha enfocado su trabajo en temas como derecho a la información,
transparencia gubernamental, reforma del Estado, juicios orales,
derecho a la no discriminación y políticas públicas sobre los
derechos sociales