La Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO), junto con el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) presentaron
el informe “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2012” cuyos
datos revelan que el 12,5% de la
población mundial sufre hambre, es decir, 1 de cada 8 habitantes del planeta se
encuentran en estado de subnutrición.
El
problema de la extrema pobreza y el hambre en el mundo fue designado como el
primer Objetivo de Desarrollo del Milenio por la ONU, y aunque se han alcanzado
altos índices en la reducción del hambre, es necesario doblegar esfuerzos para alcanzar
la meta establecida en los ODM a nivel mundial para el año 2015.
Sin
embargo, aún queda mucho camino por recorrer ya que el número de personas que
padecen subnutrición crónica sigue siendo muy elevado y la erradicación del
hambre representa un gran desafío mundial. El
informe señala que durante el período 2010-2012, se registraron 868 millones de
personas subnutridas, de las cuales, 852 millones viven en países en
desarrollo, donde la prevalencia de la subnutrición
se estima en el 14.9% de la población.
En
términos mundiales, el índice de subnutrición se ha mantenido disminuyendo
desde el año 2007, sin embargo, existen diferencias entre los distintos países
y regiones. En Asia y en América Latina, el número de personas subnutridas ha
disminuido de manera considerable, haciendo muy viable el alcance del ODM en
2015; en África y Asia occidental, por el contrario, la
prevalencia de la subnutrición ha aumentado progresivamente desde 1990 debido
principalmente a la pobreza existente en las zonas.
En el sudeste de Asia y en Asia oriental se ha registrado la
reducción más pronunciada de la proporción de personas subnutridas en las
regiones en desarrollo entre 1990-1992 y 2010-2012 del 13.4% al 7.5% y del 26.1%
al 19.2%, respectivamente, mientras que en América Latina también disminuyó,
del 6.5% al 5.6%. Durante el mismo período, la proporción ha aumentado del 32.7%
al 35.0% en Asia meridional, del 17.0% al 27.0% en el África subsahariana y del
1.3% al 2.9% en Asia occidental y África del Norte.
El informe presentado por la FAO, señala que un factor esencial
para disminuir el hambre y la subnutricón de manera duradera en el mundo, es el
crecimiento económico de los países. Las regiones que han experimentado crecimientos
acelerados de su economía han presentado reducciones más rápidas y duraderas
del hambre, debido principalmente a que mientras mayores ingresos, mayor
diversidad alimentaria.
En este sentido, el informe hace especial énfasis en el papel
fundamental del crecimiento económico para combatir la subnutricón y erradicar
el hambre. El crecimiento agrícola sostenible es de suma
importancia, ya que la mayoría de las personas con subnutricón viven en las
zonas rurales y dependen de la agricultura para una parte importante de sus
medios de vida.
Sin embargo, cabe destacar que durante la última década, el
crecimiento del ingreso per cápita fue positivo en todas las
regiones en desarrollo, pero en muchos países el crecimiento no desembocó en
una reducción significativa del hambre, lo que reafirma que la reducción del
hambre depende de muchos factores en los que los gobiernos y la sociedad tienen
que trabajar.
El informe “El estado de la
inseguridad alimentaria en el mundo 2012” señala que es necesario implementar políticas
públicas y programas sociales que permitirán
el desarrollo de apoyos integrales, mediante una mayor
diversidad de la dieta, la mejora del acceso al agua potable, al saneamiento y
a los servicios de salud, y la educación de los consumidores sobre la nutrición
y las prácticas de cuidado infantil adecuadas y que tengan por resultado una mejor nutrición para todos.
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Miguel Carbonell es investigador de tiempo completo en el Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor de la Facultad
de Derecho de la misma Universidad. Es especialista en derecho
constitucional y derechos fundamentales.
Ha enfocado su trabajo en temas como derecho a la información,
transparencia gubernamental, reforma del Estado, juicios orales,
derecho a la no discriminación y políticas públicas sobre los
derechos sociales
