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Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental
INEGI

Oct 17, 2012 - 7:32:26 PM

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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2011 (ENCIG) que recaba información a nivel federal, estatal y municipal sobre las experiencias y percepciones de la población mayor de 18 años sobre la calidad, rapidez y eficacia de 31 trámites y servicios públicos, desde el pago de predial, la obtención de agua potable y la licencia de manejo hasta servicios de seguridad pública y justicia.

De los 31 servicios electos para la realización de dicha encuesta, 9 son de orden municipal o delegacional, 12 estatal y 10 federal y se formularon preguntas relativas a la calidad, accesibilidad, tiempo de atención, trato y efectividad de los trámites y servicios públicos, con la finalidad de llevar a cabo una evaluación general de los mismos, siendo la escala de calificación de 1 a 10. El INEGI destacó la importancia de la ENCIG 2011 que contribuye al análisis del desempeño de los gobiernos y subrayó la limitada documentación que existe en el país en materia de medición de la calidad de los trámites y servicios públicos.

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La ENCIG mencionó que el promedio nacional respecto a la calidad de los trámites y servicios públicos es 8.1, donde Sonora y Oaxaca ocupan el primer y último lugar con una puntuación de satisfacción de 8.8 y 7.5 respectivamente. Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa y Nayarit se encuentran en segundo lugar con una calificación general de 8.5.

Los trámites mejor evaluados fueron la inscripción al sistema de educación universitaria estatal, el pago ordinario de luz, la inscripción a educación pública básica y el pago ordinario de agua potable. Por otro lado, los trámites ante un juzgado o tribunal estatal, la solicitud de servicios públicos como pavimentación o alumbrado público, y los trámites ante el ministerio público resultaron los peores evaluados.

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En cuanto a los tres órdenes de gobierno, el 58.7% manifestó que la calidad de los servicios públicos federales es “buena”, el 67.0% seleccionó esta opción para los servicios públicos municipales y delegacionales y finalmente, el 67.2% opina lo mismo de la calidad de los servicios públicos estatales. Sin embargo, el 49.2% manifestó que enfrentó algún tipo de problema para realizar un trámite o servicio, como los requisitos excesivos, las largas filas, pasar de una ventanilla a otra, o ir a lugares muy lejanos.

A pesar de las numerosas “barreras al trámite”, el 75.9% de los encuestados manifestó estar satisfecho con el tiempo destinado a realizar algún trámite o servicio.

En cuanto a corrupción y prácticas ilícitas durante la realización de trámites y servicios públicos, el 37.6 % las consideró “muy frecuente” a nivel federal, 35.2% a nivel estatal y 34.3% a nivel municipal o delegacional. En este sentido, dos de cada tres personas, es decir, el 66% manifestaron tener muy frecuentemente un caso de corrupción al acudir a realizar algún servicio o trámite.

La ENCIG también analizó las instituciones y organismos que son considerados más corruptos por la población, dando como resultado que el 91.8% considere que las prácticas ilícitas son muy frecuentes o frecuentes en la Policía, el 88.6% en los partidos políticos, 81% en Ministerios Públicos y tan sólo el 29.1% en las Iglesias, el 28.5 en el Ejército y el 19.4% en la Marina.

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Es por esa razón que los encuestados consideraron que la principal acción que favorecería la mejora de trámites y servicios a escala nacional sería sancionar a los servidores públicos corruptos, situación que 97 % de los participantes pidió. Así mismo, el 95.4% pidió facilitar la presentación de quejas y denuncias y el 92.5% la reducción de requisitos y menos formatos.

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Leer Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2011



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Miguel Carbonell es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor de la Facultad de Derecho de la misma Universidad. Es especialista en derecho constitucional y derechos fundamentales.

Ha enfocado su trabajo en temas como derecho a la información, transparencia gubernamental, reforma del Estado, juicios orales, derecho a la no discriminación y políticas públicas sobre los derechos sociales

 

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