Una revolución
jurídica.
Miguel Carbonell.
IIJ-UNAM.
La experiencia de México ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha sido enormemente fructífera para generar cambios normativos, institucionales
y jurisprudenciales a nivel interno. Uno de esos cambios ha tenido que ver con
los órganos que ejercen control de constitucionalidad (o convencionalidad, o
regularidad, según proponen algunos llamarlo), las vías a través de las cuales
dicho control se realiza y los efectos que tienen las correspondientes
sentencias.
A partir de la importante resolución del expedientes varios
912/2010, se inaugura una nueva época para el derecho mexicano. Quiero en esto
ser enfático: no para el derecho
constitucional mexicano, sino para el conjunto de nuestro sistema jurídico, ya
que sus repercusiones se dejarán sentir en todas las ramas del derecho. Estamos ante un cambio profundo, que si es bien aplicado puede
ser el inicio de una verdadera revolución jurídica.
Me refiero a la obligación que tienen todos los jueces (afirmada
por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y
reiterada por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación) de confrontar las
normas jurídicas de rango legal que deben aplicar a los juicios de que
conozcan, con la Constitución y los tratados internacionales. Dicha
confrontación puede dar lugar incluso a la desaplicación de una norma legal en
el caso concreto.
A partir, pues, de la sentencia del caso 912/2010 contamos en
México con un sistema “difuso” de control, que debe llevar a todos nuestros
jueces (pero también a los litigantes, a los profesores y a los estudiantes) a
actualizarse. El primera paso para ese efecto es conocer, discutir, analizar y
aplicar correctamente la determinación de nuestra Suprema Corte en el
expediente ya señalado.
Es por eso que consideramos de importancia ofrecerles el texto de
la sentencia de forma integral. Pensamos que se trata de una lectura obligada para todos los abogados mexicanos y para quienes están
estudiando para serlo.
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