El día de hoy se encuentra dedicado a reflexionar sobre la situación de
aquellos millones de personas que se han visto orilladas a abandonar sus
lugares de origen o residencia habitual debido a temores fundados de
que será perseguido si lo hace: los refugiados.
La Asamblea General de la ONU, en su Resolución 55/76
del 12 de febrero de 2001, estableció que se celebrara el 20 de junio
de cada año el Día Mundial de los Refugiados, coincidiendo con el Día de
los Refugiados en África, si bien la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados data de 1951.
De acuerdo con estimaciones de la ONU (ACNUR), en esta categoría se encuentran 44 millones de personas a nivel mundial (click aquí), que pueden desglosarse de la siguiente manera:
Tradicionalmente, nuestro país era un receptor de extranjeros en busca
de un entorno pacífico -aún si no solicitaban el asilo formalmente- (click aquí). Llama la atención, incluso, que se haya promulgado a principios de 2011 una
Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria (que puede consultarse como adjunto a este
post) con su respectivo reglamento, que ha sido considerada como "modelo" respecto a las existentes en Latinoamérica.
Sin embargo, la lucha contra el narcotráfico iniciada hace algunos años ha orillado a 40 mil de nuestros connacionales a pedir asilo en otros países, principalmente Estados Unidos y Canadá (click aquí). Entre las razones que estos individuos -muchas veces, familias enteras- exponen en su solicitud está la inseguridad, pero también existen casos en los que están de por medio otras violaciones a los derechos fundamentales, como la libertad de expresión de las y los activistas que denuncian estos hechos o la diversidad sexual.
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Miguel Carbonell es investigador de tiempo completo en el Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor de la Facultad
de Derecho de la misma Universidad. Es especialista en derecho
constitucional y derechos fundamentales.
Ha enfocado su trabajo en temas como derecho a la información,
transparencia gubernamental, reforma del Estado, juicios orales,
derecho a la no discriminación y políticas públicas sobre los
derechos sociales
