¿Qué es una Constitución?
Miguel Carbonell.
IIJ-UNAM.
I
.
El concepto de Constitución es uno de los más arduos de construir dentro del
marco conceptual de la ciencia del derecho. Se trata de un concepto que ha
tenido y tiene un sinfín de formulaciones, muchas de ellas incluso incompatibles
y contradictorias entre sí.
La Constitución puede entenderse, por ejemplo, como
un ordenamiento jurídico de tipo liberal; como un conjunto de normas
jurídicas que contiene las disposiciones en algún sentido fundamentales de un
Estado; como un documento normativo que tiene ese nombre; y como una norma dotada
de ciertas características, es decir, que tiene un régimen jurídico particular.
Además, hay conceptos absolutos, relativos, positivos, ideales, pactistas, históricos,
sociológicos, materiales, racional-normativos, etc., de Constitución.
II. Hay dos elementos fundamentales que dan sentido
a una indagación sobre el concepto de Constitución: el órgano o poder que la
crea y los contenidos concretos que debe tener una norma de ese tipo.
El primero de esos elementos nos lleva directamente
al tema del poder constituyente. El poder constituyente, tradicionalmente, no
ha tenido una legitimidad democrática desde el punto de vista de su
integración; normalmente y desde luego con notables excepciones, las
Constituciones históricas han sido otorgadas por el caudillo, el rey, el
soberano, la oligarquía de turno, etc.
Es a partir del siglo XX cuando los poderes encargados
de redactar nuevas Constituciones se comienzan a integrar democráticamente.
Sólo entonces se materializa la posibilidad del pueblo de ser soberano:
otorgándose por sí y
ante sí un nuevo
texto constitucional. Esa es, dentro del modelo del Estado constitucional
contemporáneo, la forma en que la soberanía toma sustancia y deja de ser una
mera entelequia, al momento de crear un nuevo ordenamiento supremo.
Por lo que respecta a los contenidos, ya desde el
famoso a. 16 de la Declaración Francesa de 1789 se afirma que las
Constituciones se abocan a determinar la división de poderes y los derechos
fundamentales. Esos dos elementos son una especie de “contenido mínimo” de
cualquier documento que se quiera llamar “Constitución”.
Desde luego, dentro del concepto de la división de
poderes hay muchas posibilidades organizativas: presidencialismo o
parlamentarismo (o sus formas intermedias: semipresidencialismo,
semiparlamentarismo), monarquía o república, federalismo, regionalismo o
centralismo, etc. Sin embargo, debe quedar claro que el Estado constitucional
solamente admite una división
efectiva del poder, es decir, un sistema
que asegure espacios de libertad reales para los particulares, que obligue a
la rendición de cuentas de los gobernantes, a la renovación periódica de los
mismos, que prevea la existencia de jueces independientes, la competencia
básica de cada órgano, los modos de creación y renovación del derecho, etc.
Solamente cuando existe control del poder puede
hablarse de Estado constitucional. Y esto por la sencilla razón de que, como apunta
Manuel Aragón, “La idea de Constitución... implica la idea de limitación. Si la
comunidad política ha de persistir es imprescindible que el poder tenga, al
menos, la limitación mínima de no alcanzar a destruirla; si la comunidad
política ha de persistir en una determinada forma política, ésta será también
un límite infranqueable para el poder”.
También en el ámbito de los derechos fundamentales
la realidad de nuestros Estados constitucionales ofrece una variedad
importante. ¿Cuántos y cuáles derechos deben estar previstos y asegurados en
un Estado para que se pueda considerar Estado constitucional? Derechos de
libertad, derechos de participación política y un mínimo de derechos sociales,
junto a un sistema medianamente eficaz de garantías podrían representar un
umbral mínimo para todo Estado que quiera ser un verdadero Estado
constitucional.
La revisión de la historia del Estado
constitucional nos puede ofrecer las claves para entender el concepto mismo de
Constitución, el papel que se espera puedan cumplir los textos constitucionales
y las variedades que los derechos fundamentales y la división de poderes han
tenido en los últimos siglos.
De esa
historia se concluye, por ejemplo, que n
o
siempre el Estado constitucional ha sido democrático. No siempre los derechos
fundamentales se han impuesto frente a la actividad legislativa. No siempre ha
existido la jurisdicción constitucional. No siempre ha estado asegurada la
independencia judicial ni se ha podido controlar en sede parlamentaria la
acción del Poder Ejecutivo.
De hecho, aunque a nivel teórico pueda existir un
cierto “modelo” o “paradigma” de lo que son el constitucionalismo y la Constitución,
lo cierto es que en realidad debe hablarse no de uno, sino de varios
constitucionalismos (el inglés, el norteamericano, el francés, el latinoamericano),
y no de uno, sino de varios modelos y/o conceptos de Constitución.
III. Desde un punto de vista estrictamente jurídico
la Constitución es la norma que determina la validez del resto del ordenamiento
jurídico. Dicha determinación es de carácter tanto formal o procedimental como
material o sustantivo. Desde el punto de vista procedimental la Constitución
determina la validez del resto de normas del ordenamiento ya que establece las
competencias de los distintos poderes para dictar normas jurídicas, así como
los pasos que deben llevar a cabo para que tales normas se integren válidamente
al ordenamiento.
Desde el punto de vista sustantivo la Constitución
actúa sobre todo como un límite a la creación normativa, pues contiene
prohibiciones para el legislador, mandatos de actuación, normas ordenadoras de
fines que deben perseguir los poderes públicos, etc. Ambos puntos de vista dan
lugar también a dos distintas formas de validez: una validez procedimental y
una validez sustantiva, como con tanto acierto ha señalado Luigi Ferrajoli.
La superioridad jurídica de la Constitución puede
ser explícita o implícita. En el caso de la Constitución mexicana de 1917 la
supremacía constitucional, también llamada supralegalidad, se encuentra
expresamente recogida en el a. 133, que la ubica dentro de la “ley suprema de
toda la unión”, junto con las leyes del Congreso que emanen de ella (de la
Constitución, se entiende) y junto con los tratados internacionales.
Aparte de que tenga o no reconocimiento explícito,
la superioridad constitucional (desde un punto de vista jurídico) deriva,
cuando menos, de los siguientes aspectos:
a) la Constitución
crea a
los poderes públicos del Estado;
b) delimita sus funciones tanto desde
un punto de vista positivo como negativo;
c) recoge los procedimientos de
creación normativa;
d) reconoce
los derechos fundamentales de los habitantes
del Estado; y
e) incorpora
los
valores esenciales o superiores de la comunidad a la que rige.
IV.
Siguiendo a Riccardo
Guastini se puede señalar que la Constitución, como documento normativo, se
distingue del resto de normas del ordenamiento por lo siguiente:
a)
Por su nombre propio, ya que es el único documento
normativo del ordenamiento que se llama “Constitución”.
b)
Por su procedimiento
de formación único y distinto del resto de normas del ordenamiento: es la única
norma creada por el poder constituyente.
c)
Por su contenido
característico, puesto que regula los derechos fundamentales y la división de
poderes, señalando las competencias de los órganos superiores del Estado.
d)
Por sus destinatarios típicos, aunque no únicos, que
son esos mismos órganos superiores del Estado, para los que establece el ámbito
competencial y la organización y estructura básicas.
e)
Por su régimen jurídico peculiar, lo que incluye, por
eejmplo, su posición
en el ordenamiento jurídico (superior a cualquier otra norma) y el
procedimiento para su reforma (distinto al de las leyes ordinarias).
V.
Como
complemento o consecuencia de su supremacía jurídica, la
mayoría de las Constituciones contemporáneas son rígidas. La rigidez constitucional
es la traducción jurídica de la distinción política (en un primer momento)
entre el poder constituyente y los poderes constituidos.
La rigidez significa, concretamente,
que la Constitución no puede ser reformada por el mismo órgano y siguiendo el
mismo procedimiento que se utiliza para reformar las leyes. Por tanto, se puede
decir que la rigidez de una Constitución se produce siempre que en un determinado
texto constitucional existan procedimientos diferenciados para la aprobación de
las leyes y para la aprobación de las reformas constitucionales.
Dicha diferenciación puede hacerse de varias
maneras. Puede establecerse que sea el mismo órgano el que lleve a cabo ambos
tipos de reformas, pero siguiendo un procedimiento distinto, normalmente más
complejo para el caso de las reformas constitucionales. En este sentido, se
pueden requerir mayorías calificadas o super-calificadas para aprobar una
reforma constitucional, o se puede necesitar de un procedimiento que implique
un periodo más largo de tiempo; bajo sistemas parlamentarios se puede incluso
requerir que cuando se propone una reforma constitucional se disuelva el Poder
Legislativo y se convoque a nuevas elecciones de forma que sean los nuevos
legisladores los que se encarguen de votar la iniciativa propuesta por la
legislatura precedente.
Otra posibilidad es que las reformas legales y las
reformas constitucionales sean llevadas a cabo por órganos diferentes.
Concretamente, el derecho comparado ofrece bastantes ejemplos de textos
constitucionales que solamente pueden ser reformados por asambleas convocadas
con ese único objeto, o bien por órganos que tienen una composición compleja:
integrados, por ejemplo, tanto por el Poder Legislativo federal como por los
poderes legislativos locales, por mencionar un caso que puede darse en un
Estado organizado federalmente.
Las Constituciones rígidas se suelen oponer para
efectos pedagógicos a las Constituciones flexibles. Son flexibles aquellas
Constituciones que pueden ser modificadas siguiendo el mismo procedimiento que
se sigue para la aprobación o modificación de las leyes.
En un sistema constitucional que cuente con una
Constitución flexible, como lo ha señalado Riccardo Guastini, la Constitución
y la ley tienen la misma fuerza, se encuentran ubicadas en un mismo nivel
jerárquico. En consecuencia, el principio que regula sus relaciones no es el
de
lex superior derogat inferiori, sino el de
lex posterior derogat priori, la ley (la norma, mejor dicho) posterior en el tiempo deroga a
la anterior. Esto significa, además, que si una ley contiene una disposición
contraria a la Constitución, dicha ley se entiende no como una violación
constitucional, sino como una modificación a lo dispuesto por el texto de la
Constitución.
La rigidez constitucional, si bien guarda estrecha
relación con ella, no debe ser confundida con la supremacía constitucional.
Como hemos dicho, rígida es una Constitución que no puede ser modificada a
través del procedimiento que se sigue para la creación o modificación de una
ley, mientras que supremo es un documento constitucional creado por el Poder
Constituyente, mismo que desaparece después de haber expedido la Constitución.
Puede haber Constituciones que sean supremas y no sean rígidas.
La supremacía y la rigidez constitucionales se
distinguen también por su objetivo: la primera sirve para identificar a las
normas constitucionales, mientras que la rigidez busca contribuir a la
estabilidad de la Constitución, al hacer más difícil su modificación.
La rigidez y la supremacía coinciden, sin embargo,
en sus efectos: tanto en virtud de una como de otra, todas las normas del
ordenamiento deben adecuarse, tanto formal como sustancialmente, a las
disposiciones constitucionales. Si no lo hicieran así violarían tanto la
supremacía como la rigidez constitucionales. Ambas características, por tanto,
sirven como parámetros de validez del resto de normas del ordenamiento.
VI. BIBLIOGRAFÍA:
Aragón, Manuel,
Estudios de derecho constitucional, 2ª
edición, Madrid, CEPC.
Ferrajoli, Luigi,
Principia Iuris, Madrid,
Trotta, 2011.
Grimm, Dieter,
Constitucionalismo y derechos fundamentales,
Madrid, Trotta, 2006.
Guastini, Riccardo,
“Sobre el concepto de Constitución”, en Carbonell, Miguel (editor),
Teoría del neoconstitucionalismo, Madrid, Trotta, 2007.
Hesse,
Konrad,
Estudios de derecho
constitucional, Madrid, CEPC, 2011.
Zagrebelsky, Gustavo,
El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia,
trad. de Marina Gascón, Madrid, Trotta, 1995.
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Enlaces relacionados:
Sobre la constitucionalización
Constitucionalización
El canon neo constitucional
Relación entre derechos y obligaciones
La participación política en el Estado Constitucional
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
