Enseñanza del derecho y modelos de intelectual.
Miguel Carbonell.
IIJ-UNAM.
(Las ideas de este ensayo han sido desarrolladas
en el libro del autor "La enseñanza del derecho",
publicado por Porrúa).
La enseñanza del derecho en México, tanto la que se imparte en las escuelas de derecho como la que se inserta en los planes de estudios de otras carreras de ciencias sociales, requiere de un modelo de intelectuales muy diferentes de los que conoció el siglo XX mexicano
. Se trata de un tema que no afecta solamente a los estudios jurídicos, pero que quisiera enfocarlo a partir de esa específica rama del conocimiento para que a partir de ella cada lector pueda sacar sus propias conclusiones. Para decirlo en pocas palabras: si queremos enseñar el derecho de una manera que sirva a los estudiantes del siglo XXI tendremos antes que encontrar un nuevo modelo de intelectuales, que tengan la capacidad, la inteligencia, la entrega y el rigor académico que les permitan abordar con éxito una tarea tan complicada y difícil.
Durante la hegemonía del régimen priista muchos intelectuales participaron activamente en las tareas de gobierno, lo cual trajo al menos dos consecuencias directas: a) el empleo de la inteligentsia nacional para legitimar al régimen a través de su cooperación o cooptación por el propio régimen; y b) la relativización de la frontera entre poder político y poder ideológico, puesto que los intelectuales –en su tarea de legitimadores del sistema- normalmente utilizaban los espacios propios de sus actividades (revistas, libros, salas de conferencias, premios literarios y científicos, etcétera) para hablar en favor de las tareas de gobierno.
Es por esta razón por la que sorprende poco, si nos enfocamos en el ámbito del derecho constitucional, que la enorme mayoría de los libros que han servido por ejemplo para estudiar el tema de los derechos humanos en México no hayan mencionado nunca las tremendas violaciones a los mismos que se habían producido y se siguen produciendo en el país; al leerlos los alumnos podrían suponer que vivíamos en un país idílico, en donde
la Constitución se cumplía por el sólo hecho de existir y donde las autoridades se ajustaban sin problema a los principios de un Estado democrático de derecho; la realidad sin embargo, como se sabe, caminaba bien lejos de la representación teórica que se proponía y se repetía desde las escuelas y facultades de derecho. Se trata simplemente de un ejemplo, pero creo que es bien ilustrativo del estado de postración de los intelectuales frente al poder en México.
En este punto, conviene recordar la observación que hace Norberto Bobbio, sobre las consecuencias de que los intelectuales declinen su deber de actuar como contra-poderes o como un poder ideológico frente a los poderes políticos; de acuerdo con el profesor de Turín, “Donde hay una perfecta correspondencia entre la dirección política y la ideología, o bien, donde al experto se le llama para que ofrezca sus servicios para una solución ya determinada de antemano, estamos seguros de encontrarnos ante una sociedad que no es libre, una de cuyas connotaciones más características es la hegemonía de la política sobre la cultura, la reducción total de la esfera en la que se desarrollan las batallas teóricas a la voluntad de dominio de quien detenta el poder, con la consiguiente reducción de los ideólogos a adoctrinadores y de los expertos a mandarines”
.
Por supuesto, no todos los académicos formaron parte de las filas del partido hegemónico, pero la consecuencia para varios de los que no comulgaban con los “ideales de
la Revolución” fue el ostracismo y la irrelevancia de sus intervenciones dentro del debate público, al verse imposibilitados a acceder a las distinciones, foros, publicaciones y medios de comunicación que en verdad contaban y que estaban controlados por el régimen
.
¿Cómo deberían actuar los “nuevos” intelectuales? ¿cómo sería su formación y cuál la relación que deberían tener con el poder político y el poder económico? ¿cómo se vincularían con el resto de grupos sociales a fin de conseguir lograr las repercusiones prácticas a las que aspiran o defienden sus discursos teóricos? Creo que de nuevo conviene acudir a Bobbio para intentar contestar algunas de esas preguntas.
Los intelectuales representan en la actualidad un poder: el poder “ideológico”, el cual, de acuerdo con Bobbio, “no se ejerce sobre los cuerpos como el poder político, nunca disociable del poder militar, ni sobre la posesión de bienes materiales, de los que se dispone para vivir y sobrevivir, como el poder económico, sino que se ejerce sobre las mentes a través de la producción y la transmisión de ideas, de símbolos, de visiones del mundo y de enseñanzas prácticas, mediante el uso de la palabra”
.
En la medida en que tienen ese poder, los intelectuales ejercen una función política (y esto es completamente aplicable en concreto al terreno del derecho y al de otras ciencias sociales). Pero la clase de política que deben llevar a cabo es lo que el propio Norberto Bobbio llama “la política de la cultura”, la cual supone algunas condiciones para poder ser ejercida de forma eficaz
:
A)
Una participación de los intelectuales cada vez más amplia en asuntos públicos, universal en el espacio y absolutamente neutral respecto a la diferencia de partidos, ideologías, filosofías y concepciones del mundo;
B)
La imparcialidad de juicio;
C)
La elección de los temas y las oportunidades en las que la intervención es pertinente, ya que el abuso en el ejercicio de cualquier poder tiende a desgastarlo;
D)
La renuncia al beneficio de las consecuencias inmediatas, ya que la política de la cultura es un ejercicio a largo plazo, cuyos efectos se pueden en ocasiones empezar a sentir luego de generaciones;
E)
La conciencia de la autonomía de la política de la cultura con respecto a la política ordinaria; la primera tiene un marco de validez propio, que consiste en la búsqueda de nuevos modelos de relaciones humanas, en el descubrimiento de nuevas dimensiones de la vida social y en la creación de nuevos valores; y
F)
La convicción de que en nuestra época (por el impacto tan relevante de las comunicaciones), la integración de las diversas civilizaciones y la tendencia a la unificación del saber puede llegar a ser posible, lo cual convierte a la política de la cultura no solamente en una mera facultad, sino sobre todo –para los intelectuales, que son sus protagonistas- en un deber.
Es importante, para el caso de la enseñanza del derecho en México, y en general para el papel de los intelectuales, subrayar la necesaria separación que debe existir entre el poder ideológico y el poder político. Como ya se ha mencionado, el régimen priista tuvo la enorme virtud de cooptar a muchos de los más destacados intelectuales del siglo XX mexicano, con lo cual el poder ideológico se puso al servicio de la legitimación del poder político, renunciando a su tarea de servir a la verdad y a la justicia.
Esto no significa que los intelectuales deban ser indiferentes a la política ordinaria, pero sí que deben ser independientes de ella. Creo que, de nuevo, conviene acudir a las lúcidas palabras de Bobbio para expresar de mejor manera ésta idea: “Si tuviese que designar un modelo ideal de conducta, diría que la conducta del intelectual debería estar marcada por una fuerte voluntad de participar en las luchas políticas y sociales de su tiempo que no le permita volverse tan ajeno a éstas como para no oír ya lo que Hegel llamaba ‘el fuerte clamor de la historia del mundo’, pero, al mismo tiempo, por una distancia crítica que le impida el identificarse completamente con una parte que quede atado de pies y manos a una consigna. Independencia, pero no indiferencia”
.
La independencia de los intelectuales es lo que puede permitir que el monopolio del poder, que en el Estado moderno ejercen los órganos públicos, no produzca a la vez el monopolio de la verdad
, cosa que por décadas ha sucedido en el derecho constitucional mexicano, en la medida en que la mayor parte de los teóricos se dedicaban a justificar las incesantes reformas constitucionales que impulsaba el Presidente de
la República en turno, tomando como base para la interpretación de las mismas solamente la correspondiente exposición de motivos. Esa misma interpretación era luego utilizada por los jueces, para el efecto de entender como correctas desde un punto de vista constitucional un buen número de normas legales y reglamentarias que a todas luces eran contrarias a los contenidos de
la Carta Magna.
Quizá los intelectuales en México, o por lo menos aquellos que se dedican a la enseñanza del derecho, no logren lo que Elie Halévy llamó en 1914 la “organización del entusiasmo”
y tengan por misión más bien la administración del pesimismo. Pero, tanto en uno como en otro caso, lo deberán hacer sin renunciar a su independencia del poder político y con la firme convicción de que su talento y energía debe servir, solamente, a la verdad y a la justicia.
La independencia sin indiferencia puede y debe propiciar, sin embargo, que entre los académicos y los operadores jurídicos prácticos se establezcan unos muy fértiles y necesarios diálogos e intercambios. Eso es lo que puede permitir, por ejemplo, que desde un punto de vista académico se analicen las sentencias de nuestros tribunales, que las escuelas, facultades e institutos puedan generar propuestas de cambios constitucionales y legales, o sugerencias para implementar o mejorar las políticas públicas y así por el estilo. En sentido inverso, también es necesario que los jueces estén al tanto de los desarrollos que se producen en la doctrina, de las nuevas publicaciones y de los análisis que se realizan desde un plano teórico.
De la misma forma, es conveniente que los poderes legislativos se acerquen a las universidades para patrocinar investigaciones que sean necesarias para el desempeño de sus tareas (por ejemplo, para producir iniciativas de ley, para mejorar proyectos ya presentados o para conocer la forma en que determinadas áreas de la sociedad están reguladas en otros países) y que los poderes ejecutivos pongan a disposición de los centros de investigación recursos e informaciones que permitan contar con grupos interdisciplinarios de estudio y análisis de las políticas públicas.
Todo ello es lo que puede producir una “política de la cultura” que sea independiente pero no indiferente respecto de los temas que ocupan y preocupan a la política ordinaria. Nada nulifica más a la teoría social que encerrarse en sus castillos de cristal, intentando resolver preguntas que nadie ha formulado y que con bastante probabilidad nadie formulará en lo inmediato.
En países como México, los intelectuales que se encuentran completamente alejados de los asuntos de la polis (al menos por lo que hace a aquellos que se dedican al ámbito de las ciencias sociales) y que consideran que su reino no es de este mundo
, pueden aportar muy poco al desarrollo de la ciencia jurídica y demuestran más bien la precariedad de lo que Bobbio ha llamado “el profeta desarmado”, que es incapaz de generar conocimientos que sean útiles para el resto de los ciudadanos.
Desde luego, no todo desarrollo científico debe de tener una “utilidad” evidente e inmediata, pero renunciar a tener una cierta incidencia práctica puede suponer un lujo probablemente demasiado alto para los científicos sociales, particularmente en países con problemas tan agudos como los que tiene México.
